Opinión

Publicado el junio 10th, 2020 | Por Ignacio Trillo

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“ASALTO A LA MONCLOA A TRAVÉS DEL `COVID-8-M-20´”

Con enorme desazón, como ciudadano de un Estado de Derecho que cree profundamente que la justicia democrática es un pilar esencial para el funcionamiento de las demás instituciones, me dirijo con el respeto debido que merece su señoría así como la función que realiza de servicio público.

La jueza, Carmen Rodríguez-Medel Nieto, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de la plaza de Castilla de Madrid. Nacida 24 de abril de 1972 de familia originaria extremeña. Con brillante carrera universitaria finalizada con 23 años. Obtuvo la oposición de juez, teniendo plaza con 27 años, hizo Ciencias Políticas por la UNED y se doctoró en Derecho por la Universidad Complutense. Casada con el juez, Jaime María Serret Cuadrado, titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Getafe y hoy en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, como destino interino. Como datos exclusivamente de carácter histórico familiar sin nada que tenga que incidir en el procedimiento que sigue en curso y sí bastante con la sociología fortuita del entorno que le ha tocado vivir, señalar que pertenece a una amplia saga cuyo destino laboral ha sido y es el cuerpo de la Guardia Civil. Su padre, José Rodríguez-Medel Carmona, fue general de brigada de dicha institución militar y se jubiló en 1985. Su tío, Ramón Rodríguez-Madel Carmona, fue coronel de la guardia Civil y al mando de la DG de Tráfico. Su abuelo, José Rodríguez-Medel, fue jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Navarra, hizo ingienería, fue leal a la IIª República por lo que sería asesinado por un subordinado cuando intentaba hacer frente a la sublevación de las tropas del felón, general Emilio Mola Vidal, con el que tuvo una previa discusión brusca por oponerse al golpe. El hermano de la jueza, Antonio, cuatro años mayor, nacido en Fuengirola (Málaga), también coronel de la Guardia Civil, escritor e historiador de la Guardia Civil, con gran hoja de servicio, dirige la Comandancia de Málaga desde el pasado mes de enero. La juez pertenece a la corporativa y mayoritaria, “Asociación Profesional de la Magistratura”, marcadamente conservadora, cuyos controvertidos “genoveses” asociados, los enjuiciadores, Concha Espejel Jorquera, y el más que polémico por sus escándalos, Enrique López López (hoy consejero de Interior y Justicia en el gobierno autonómico que dirige Isabel Díaz Ayuso), han sido recusados en procedimientos judiciales por su vinculación estrecha con el PP y la fundación “FAES” que dirige el señor José María Aznar. La relación de la juez, Rodríguez-Medel, con el ministro del Interior, señor Marlaska, viene de lejos, cuando durante once meses ambos compartieron tareas en el Consejo General del Poder Judicial, él como vocal a propuesta del PP, partido que hoy pide su recusación y dimisión, y la señora Rodríguez-Medel como letrada. Fue asesora también durante once meses, en servicios especiales, del señor, Rafael Catalá, siendo por entonces ministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy. De las causas que ha llevado, sus allegados en Marbella donde recaló en sus juzgados, la califican de trabajadora, ordenada, “mesiánica” y hasta “activista” con las mismas,  y lo que marque en su instrucción va a misa. Llevó a cabo la instrucción de los mediáticos casos del Máster del señor Pablo Casado, sobreseído por la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde fue el expediente por ser aforado al no apreciar el delito calificado, con orden de archivo. Igualmente el de doña Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad Autónoma por otro Máster regalado con presunta falsificación de documentación pública.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La motivación que me mueve a dirigirme a su señoría es asistir atónito a que, en tanto transcurre en el planeta una pandemia inédita en nuestra historia contemporánea originaria de la República Popular China, con unas consecuencias terribles para la salud humana y con unas secuelas de características socio-económicas que ya están reportando desempleo y pobreza para ingentes familias que lo están perdiendo todo, abra usted diligencias previas, 607/2020, e imputación, atendiendo una denuncia de “de un particular” que es abogado, el joven Víctor Valladares Pérez, de parca consistencia en su contenido, independientemente de que dicho acusador sea bien conocido en los tribunales de justicia y en la profesión por ser un estafador, contra el Presidente del Gobierno y demás delegados del Gobierno en las distintas Comunidades Autónomas, con la intencionalidad, aparte de la notariedad, que la investigación, si es aceptada a trámite y se abren diligencias, alcance los más altos vuelos.

El joven abogado, inhabilitado por el Colegio de Abogado de Madrid, Víctor Valladares Pérez, por acumular sobre sus espaldas varias denuncias como estafador, es el autor de haber presentado denuncia contra el Presidente del Gobierno de España, el ministro de Sanidad, el delegado del Gobierno en Madrid, así como contra sus homónimos en el resto de España ¿Actúa a título “particular” o en nombre de quién esté detrás dentro de una posible conspiración más amplia? ¿Estamos ante un nuevo pequeño Nicolás? ¿Por qué no lo presentó ante el Tribunal Supremo que es el órgano competente por la personalidad entre los acusados que encabeza la lista, el presidente del Gobierno?

Por lo pronto voy a centrarme en el autor de la acusación y suponer que no es peón de ninguna conspiración organizada, ni efecto colateral de la batalla política que se libra, sino de un aprovechado que va a lo suyo, la de timador. No es una especulación o un rumor.

Se comprueba fácilmente en el Colegio de Abogados de Madrid que lo tiene inhabilitado, de ahí que se persone en ese juzgado con la condición de “particular”, por lo que no ha podido presentar una querella sino una denuncia. También puede consultarse la base de datos del Consejo General del Poder Judicial donde no figura de letrado ni en el listado de la profesión del Consejo General de la Abogacía Española ni en el del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

El señor Valladares es un especialista en estafas y falsificación de documentación pública, incluso ha llegado a suplantar la firma de un juez. Muy conocido entre clientes de cláusulas suelos, en el mundo animalista y en asesorías privadas, por cobrarse en metálico, para que no conste huella en documentación bancaria, por demandas que luego no interpone y por conceptos que se inventa.

Ya fue condenado en junio de 2018 por el juzgado 87 de Madrid. Tiene causa abierta en el número 46, también de Madrid. Asimismo, se encuentra a la espera de sentarse en el banquillo este mes de junio por otro juicio en la capital de España ante el tribunal de lo penal 24, acusado de estafa, falsedad en documento público y deslealtad, por el que se enfrenta a una petición de casi tres años de prisión.

Por la denuncia contra la celebración de la manifestación del 8-M, que ha hecho extensible al presidente del Gobierno y a todos los delegados del Gobierno en las distintas CCAA, ya está el señor Valadares haciendo público a la vez que está constituyendo una asociación de damnificados de víctimas por el coronavirus para interponer en su nombre más denuncias; lo ha efectuado ya contra el doctor don Fernando Simón, director desde el año 2012 del “Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias” del Ministerio de Sanidad.

Imagino que serán los próximos en sufrir en sus bolsillos, sus prácticas delictivas. 

el_delegado del gobierno en madrid jose manuel franco

El delegado del gobierno de España en Madrid, José Manuel Franco Pardo, chivo expiatorio de la ansiada pretensión de la derecha política de judicializar la gestión de la pandemia por mor de la manifestación del 8-M de Madrid que, según la denuncia presentada, y en esa dirección vienen instruyéndose las diligencias judiciales, disparó la propagación del Covid-19; nada indica en las diligencias abiertas que asimismo ocurrieran en las demás capitales de las provincias españolas  o en otras ciudades del mundo, donde igualmente se celebraron. Nuestro país acumula también la novedad, aparte del Covid-19, de que en ninguna otra parte del mundo se haya interpuesto una denuncia de estas características, como tampoco la oposición política a los Gobiernos se haya desentendido del mal epidemiológico, negándose a colaborar  con los que están en el poder para remar todos juntos en la misma dirección de acabar cuanto antes con el virus y las secuelas de complicada crisis económica y social que ya está reportando.

No es hecho inusual en los juzgados lo que aquí resulta novedoso, y es que no se archive el sinsentido de la denuncia presentada por este “ejemplar ciudadano particular”, sino que se proceda por su señoría a la extraña aceptación a trámite con apertura veloz de diligencias el día 23 de marzo.

¿Solicitó informe previo a la Fiscalía? No. Asimismo puede haber transgredido el estado de alarma así como las instrucciones del Consejo General del Poder Judicial sobre la paralización de actuaciones a consecuencia de la pandemia, en su causa de investigar posible unicausalidad de la propagación de la pandemia, centrada en la manifestación feminista del 8-M, en Madrid, no en los otros lugares de España ni en las múltiples capitales del mundo donde igualmente se celebraron, porque al parecer y así avanzan las diligencias tiene indicios más que suficientes, sin necesidad de aval científico, de haber hallado en dicho acto el núcleo viral de la cepa del Coronavirus que a continuación se extendió exponencialmente, con posible extrapolación del asunto judicial hasta poder responsabilizar a las más altas cotas del poder ejecutivo.

En este más que posible doloso sentido, parte las diligencias judiciales de su señoría ha abierto contra el delegado del Gobierno en Madrid, señor José Manuel Franco Pardo, por presunta prevaricación administrativa, en relación con haber  autorizado la manifestación del pasado 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, también su jornada, señoría. Ello, después de corregirse sobre una primera imputación por delitos de lesiones por imprudencia profesional.

¿No sabe su señoría que el derecho fundamental de manifestación no necesita constitucionalmente de autorización sino mera comunicación de los organizadores a la autoridad gubernativa? ¿No sabe su señoría que haberse suspendido hubiera sido debida a una excepcionalidad por razones de seguridad, alteraciones del orden público, o peligro para bienes o personas, como hubiera significado si la máxima autoridad local, la alcaldía de Madrid, lugar de celebración, hubiese notificado al señor Delegado que los casos por Coronavirus en la capital de España eran ya alarmantes, o igualmente hubiera sido apercibido dicho responsable gubernativo para su suspensión por alguna otra autoridad u organismo sanitario?

Le recuerdo a su señoría que en el comunicado del Ministerio de Sanidad, emitido el día 8 de marzo a las 15 horas, señalaba para la toda la comunidad autónoma de Madrid, no solo la capital, desde que había irrumpido el Coronavirus España en febrero y cuando el episodio más notorio se había presentado en el municipio madrileño de Torrejon de Ardoz, que se había producido un acumulado de 8 fallecidos hasta ese instante, y, de una población, cifrada en 6.642.000 habitantes (año 2019), había presentado casos atribuibles al Covid-19, el 0,0000304% del total de residentes.  

Le incluyo el cuadro nacional a esa hora ya que no constará en sus diligencias.

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8 de marzo a las 15 horas. Información pública que emitió el Ministerio de Sanidad ese día. A toro pasado, analzar los hechos es fácil, culpabilizar empleando el Código Penal como a sabiendas de lo que iba a suceder en el futuro y no lo impidió, al menos es más complejo o peligroso.

Pero, estos son mis principios acusatorios, los de lesiones por imprudencia, si no los puedo demostrar, tengo otros, los de prevaricación administrativa, parafraseando a uno de los genios cinematográficos del humor que nada de estudios en Derecho ni de oposiciones a la judicatura necesitó para inventarse con tanto éxito dicha máxima no procesal.    

Al parecer, esas diligencias abiertas por su señoría las lleva a cabo teniendo como última ratio la pretensión de abrir una causa general contra el Gobierno constitucional de España, emanado del Congreso de Diputados donde radica la soberanía nacional, y, de forma igual, será contra el comité de expertos científicos que tan mal le ha asesorado para la toma de decisiones.

No es una gratuita especulación de mi parte. Lo deduzco del contenido expuesto en el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado ante la Audiencia Provincial de Madrid y en el que se plasman ya elementos de manifiesta y subjetiva arbitrariedad, por inexistencia de soporte procesal para el caso,  además de eventual vulneración del derecho del delegado del Gobierno en Madrid tanto a una instrucción judicial justa como a todas las garantías contenidas en la legislación para su defensa.

La señora, Rosa María Seane de la Abogacía del Estado, que ha recurrido las prácticas que está empleando la señora magistrada, Rodríguez-Medel,  sosteniendo que pretende “convertir” la investigación que sigue contra el delegado del Gobierno de España en Madrid, José Manuel Franco Pardo, en una “causa general” contra el Ejecutivo, dando una inusitada celeridad al procedimiento cuando la actuación de los juzgados está ralentizado por el hecho pandémico y no hay motivación para ese caso excepcional ni para su urgencia. Critica que en su “afán de encontrar indicios” haya cometido ya tantas irregularidades como solicitar información a “otras autoridades”, a las que ni siquiera identifica en sus resoluciones, y sin dirigirse a los órganos científicos en la materia epidemiológica que serían los adecuados. También cuestiona el carácter “prospectivo” de la investigación, iniciada sobre “meras sospechas e hipótesis” nada fundamentadas, así como la juez “trate de suplir” los déficits por su salto en el vacío con una extensa batería de diligencias puestas en marcha. Entre ellas, la que ha dado lugar al más que chapucero informe atribuido a la Guardia Civil que incluye en sus 80 páginas multitud de errores, bulos y documentos públicos conscientemente mutilados y por tanto manipulados. Es por lo que suponiendo que el recurso de la Abogacía no va a tener ninguna atención ni respuesta por parte de la señora juez, encerrada en su pretensión apriorística, lo remite en alzada como apelación ante la Audiencia Provincial, denunciando además la situación de atropello e indefensión en que se sitúa al delegado del Gobierno en Madrid al haber sido imputado por prevaricación en base a informes falsos, ajenos a los órganos científicos que saben, estudian y hacen el seguimiento a esta inédita y letal pandemia mundial.

Y todo ello se realiza -la justicia tiene que saber interpretar y aplicar las normas sin ser ajena a conocer el contexto existente- cuando transcurre un clima político de lo más enrarecido, donde los principales partidos de la oposición de la derecha se niegan, a diferencia de lo que sucede en los demás países democráticos y civilizados de nuestro entorno, a colaborar de forma constructiva, aunando voluntades y esfuerzos, de cara a erradicar esta trágica pandemia y encontrar soluciones a los gruesos problemas de las más diversas categorías que como consecuencias de la necesidad de parar el país para impedir la propagación del virus se están derivando, como significa la primera gran crisis económica mundial de una economía globalizada, porque están más interesados en vez de plantear propuestas en el derrocamiento gubernamental, de la forma que sea, por las urnas o por las malas, al no contar con mayoría parlamentaria para presentarse como alternativa.

Y en este avispero político se mete su señoría de parte, a instancia de un “particular”, para judicializar semejante complejidad y de la mano del Código Penal, reservado para causas tasadas y como última razón de situaciones especiales por la gravedad del hecho delictivo, realizado por acción y consciente, tendente a ocasionar una peligrosa lesividad, en este caso la muerte masiva de personas.

Los líderes de los partidos políticos, Pablo Casado y Santiago Abascal, caracterizados a lo largo de esta grave pandemia por el empleo de una suicida y homicida estrategia política de mientras peor, mejor para sus estrechos intereses partidistas, negándose a colaborar con el Gobierno de España para hacer frente común, como sucede en los países de nuestro entorno, a esta grave pandemia, y que a lo largo del mes de mayo, cuando, a diferencia de los inicios del mes de marzo, tantos conocimientos se tenía ya de la naturaleza y forma en que se comportaba y propagaba el virus, alentaron y organizaron manifestaciones no autorizadas por las autoridades gubernamentales o actos contraviniendo las recomendaciones de prevención y separación física entre las personas, impartidas por las autoridades sanitarias, con el riesgo manifiesto de generar rebrotes de nuevos casos de Covid-19, resultando un contrasentido que sin embargo, a la fecha actual, no haya merecido la atención de la señora jueza al menos de incluirlos en las diligencias de investigación que practica.

Como contribuyente a las arcas públicas y en un momento en que cada euro del Estado puede significar hacer frente de forma eficaz a la pandemia, o servir al sustento alimenticio de la infancia que está cayendo en la indigencia, a consecuencia de la pérdida de empleo que está afectando a familias enteras, solo pensar que este disparatado procedimiento judicial iniciado, vaya a necesitar, detraer recursos de los presupuestos de todos y tiempo de los servidores públicos para evacuar informes y petición de pruebas acordes con la instrucción que sigue, me hace, como ciudadano responsable y solidario con la comunidad en que vivo, no ser indiferente ante cualquier despilfarro que suceda, velando por el bien público que es lo más preciado en este crítico momento, a pesar de que también vea limitados mis derechos y libertades fundamentales en aras a principios superiores como es el derecho a la salud y a la vida.

Y por qué no explicitarlo, porque también me preocupa la situación de su señoría que pudiera llegar a ser insostenible en su sana intención de aspirar a las más altas cotas de la carrera judicial o administrativa. Por tanto, por su formación, es obvio que le recuerde que nunca olvide investigar con respeto a las normas sustantivas y procesales, pues también los jueces -como no podía ser de otro modo- están sujetos a la ley y pueden cometer delitos.

Lo más execrable que cabe reprochar a un juzgador, y no lo digo por su señoría, es la prevaricación, por consistir en hacer de su capricho una norma o una interpretación injustificada de una norma.

Lo que si le digo es que tal vez haya iniciado mal la investigación que pretende, encontrándonos en avanzado pleno siglo XXI, por tanto ajeno al oscurantismo y al fetichismo.

Si consideraba su señoría que, en vez de archivar la extravagante denuncia interpuesta, tenía que investigarla, porque, más allá de la espuria intención que persigue el actor que lo presenta, podrían existir indicios de delitos en los hechos que se exponen, lo más lógico hubiera sido comenzar por solicitar para esas diligencias un informe de rigor a un organismo científico sanitario especialista en la materia -entiéndase CSIC, Instituto de Salud Carlos III, u Organización Médica Colegial, por poner tres ejemplos- en lugar de hacerse eco y tomar como base, o tal vez dogma de fe, (su calificación como “una investigación magnífica”, la pudiera retratar) un pasquín devaluado, o nulo por su propio contenido, como el que al parecer le ha canalizado el coronel de la Guardia Civil, señor Diego Pérez de los Cobos, presentando como pruebas, simples recortes de prensa, muchas de ellas procedentes del mismo medio de comunicación (que no se caracteriza precisamente por su objetividad) cuyo director ha sido condenado judicialmente por publicar informaciones falsas; todo ello, acompañado de datos inexactos, errores de fechas, comunicaciones mutiladas…

Índice de los que se ha venido llamando “informe Pérez de los Cobos” que al parecer ha sido obtenido por el que ha sido cesado por el ministro del Interior, señor Marlasca, dirigido a la señora juez que sigue la instrucción del caso judicial contra el delegado del Gobierno de España en Madrid. En este sentido, atribuye a Pedro Duque, ministro de Ciencia, unas declaraciones realizadas en la tercera semana del mes de marzo de 2020 que están manipuladas, extraída del diario “OKDiario” que dirige el periodista de las cloacas, el señor Eduardo Inda. Asimismo, se manipula una información que publicó “Redacción Médica” el pasado 28 de febrero, poniendo al revés unas declaraciones que realizó el director del “Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias” (CCAES), el doctor, Fernando Simón. Otra prueba falsa que aparece en el informe es “la prohibición de un congreso evangelista en Madrid en dichas fechas de marzo con un aforo estimado de 5.500 personas con motivo de la pandemia”, y nuevamente se cita la noticia de “OK Diario”, eliminando la frase de las recomendaciones establecidas por Sanidad: “no realizar actos con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-Cov-2”, hecho que no sucedía en la manifestación del 8-M. En la misma línea de desatinos, el atestado torpemente señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó al coronavirus de pandemia el 30 de enero de 2020, cuando no se produjo hasta el 11 de marzo. En el mismo libelo, se acusa burdamente a las ministras presentes en aquella marcha feminista de llevar guantes para protegerse del coronavirus, emitido por la emisora de los obispos La Cope, porque les habían informado del peligro real del virus, cuando son los mismos guantes morados que han llevado años anteriores como simbología feminista. O igualmente que se admita en las diligencias un informe que se dice fechado el día 2 de marzo del “Centro Europeo y el Control de las Enfermedades” (ECDC) de la UE con sede en Estocolmo (Suecia) cuando se fijan las primeras directrices por esa Agencia el 18 del mismo mes, diez días después de la manifestación del 8-M.

Si no ha sido idea de su señoría provocar la elaboración de este panfleto, que para nada lo pienso, sí es su responsabilidad haberlo aceptado o tenerlo en consideración.

Incluso, yendo más allá, en exigencias de responsabilidades a la vista de su chapucera elaboración y falso contenido, debía haber procedido a investigar qué intencionalidad oculta hay detrás del informe, qué presunta trama en su autoría intelectual, porque haberle hecho equivocar en su justo proceder puede reportar graves consecuencias por daños a personas, cargos públicos e instituciones, a la vez que confundir o conducir a una errónea aplicación del Derecho y en consecuencia a un deterioro de la imagen de la justicia, aparte del freno en su carrera a sus legítimas aspiraciones.

Tenga en cuenta principios básicos, como, que todo funcionario ha de actuar “con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho” (art. 103.1 CE), estar sujeto “a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (art. 9.1)… pero  además… la Constitución impone a los servidores públicos de la Administración (art. 103.1) que sirvan “con objetividad los intereses generales”, y a los Tribunales (art. 106.1) que controlen la legalidad de la actuación de los funcionarios, así como el sometimiento de éstos a la verdad y al interés general en el ejercicio de sus funciones; como también los jueces están sometidos al imperio de la ley (art. 117). 

Los servicios de la Guardia Civil, de reconocido recorrido, no pueden ser tan torpes e ineptos para emitir ese impresentable informe. 

Me permito sugerirle por tanto que, a la vista de lo recibido sobre la causalidad de la propagación del virus Covid-19, penetre su señoría en las cloacas del Estado y contribuya eficazmente por su perversidad e ilegalidad a su desmantelamiento.

No crea que sea imposible porque se hallen sus autores en desiertos remotos o en montañas lejanas, porque es más que seguro que están en España.

15.03. 2014. El exministro de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz,  poniendo la primera piedra para la construcción de un cuartel de la Guardia Civil en la localidad navarra de Fitero, acompañado de autoridades locales y de la religiosa que procedió previamente a bendecir el hoyo. A la derecha de la imagen, en foto distribuida por su ministerio del Interior, su titular, besando, en una clara y consciente mezcla de lo público con su creencia en su ámbito privado, improcedente por su pertenencia a un gobierno de un Estado constitucionalmente aconfesional. Pues bien, este ministro, en su gestión gubernamental se caracterizó por dar amparo desde su despacho oficial a delincuentes como el señor, Rodrigo Rato, exvicepresidente y exministro de Economía del Gobierno Aznar, ante la acción que contra él realizaba la justicia. Asimismo, creó una unidad de “policía patriótica” para ir contra los adversarios políticos opositores del equipo gubernamental del que formaba parte, fabricando falsos dossiers para sus desprestigios que luego eran distribuidos para ser publicados por la prensa afín, como así sucedió y está constatados con los diarios “El Mundo” y, otra vez, “OkDiario” del ínclito, Eduardo Inda, que luego eran reproducidos por los demás medios. El otro delincuente, el excomisiario, José Manuel Villarejo, vinculado a las cloacas de ese ministerio del Interior yace en la cárcel. De todas esas actuaciones ilegales, el señor, Fernández Díaz, salió “de rositas”.

Indague, por ejemplo, la interrelación del señor Pérez de los Cobos con el anterior titular del ministerio del Interior, señor Fernández Díaz, y con el comisario señor Villarejo, actual inquilino de un centro penitenciario madrileño, especialista precisamente en confeccionar como churros ese tipo de informes-libelos y que no ha dejado de estar en contacto con los medios de comunicación de la manipulación informativa.

O, también donde se hallen actualmente los miembros de la “policía patriótica” desmantelada que dejó de facto como herencia envenenada el opusino señor, Fernández Díaz.

Inda baleares amenaza público

04.01.2007. Página ocho de un sumario judicial de Palma de Mallorca donde consta la amenaza con resultados favorable a su pretensión, que el periodista, Eduardo Inda, entonces director de la edición del diario “El Mundo” en esas Islas, “El Mundo/El Día de Balears”, dirigió al concejal de seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Palma, señor Álvaro Gijón, que en su punto débil acumulaba un amplio historial delictivo, en las que le instaba a cesar de inmediato al funcionario local, Antoni Josep Mesquida Calafat, subinspector al cargo de la Patrulla Verde de la Policía Local, por haberle denunciado por unas obras de carramiento en su Ático a instancia de su comunidad de vecinos. La frase del periodista Inda fue, “O tu cabeza o la de Mesquida, primera página a nivel nacional, ya lo he hablado con PJ, piensa que estás a cinco meses de unas elecciones”.  Mesquidas, se refiere al subjefe de la policía local. El concejal Gijón atendió de inmediato lo requerido por el señor Inda, y el funcionario acabó ganando en los tribunales ese cese injusto y mafioso con su reingreso en su puesto tiempo después. Ahora el periodista Eduardo Inda, como director del periódico “OKDiario” que ha servido de base para el informe a la juez del señor Pérez de los Cobos, tacha el cese de este coronel de la Guardia Civil, por un superior y ocupando un puesto de libre designación, de ilegal e injusto.  Fuente: Diario Público.

En esta línea, investigue y averigüe también la posible reconstrucción y renovación del “Sindicato del Crimen”, que se creó en el año 1994 por afamados periodistas y columnistas para desestabilizar al gobierno de turno de aquel tiempo creando con su intoxicación informativa similar clima de confrontación y crispación política con las que sucede en la actualidad, de cara a favorecer la llegada a la Moncloa del partido en la oposición por sobredosis de de desinformación interesada dirigida al cuerpo electoral con fines de confusión, desaliento, desarme y agotamiento.

El 13 de agosto de 1994 se reunieron en Marbella entre otros, Luis María Ansón (entonces director del diario ABC que no tuvo pelos en la lengua, no solo de reconocer posteriormente en la revista “Tiempo” el fin que perseguía, derrocar al gobierno de Felipe González para que el PSOE pasara a la oposición, sino también que sus acciones desinformativas e intoxicadoras llevaron al Estado al borde de ser desestabilizado), Pablo Sebastián, Luis del Olmo, Pedro J. Ramírez, José Luis Balbín, Manuel Martín Ferrand, Antonio Burgos, Antonio Herrero, José Luis Gutiérrez, Julio Cerón, José María García, Federico Jiménez Losantos, Camilo José Cela, Antonio Gala, Francisco Umbral, José Luis Martín Prieto, Antonio García-Trevijano, Raúl del Pozo y Julián Lago, con el objetivo formal de fundar la “Asociación de Escritores y Periodistas Independientes” (AEPI), entiéndase lisa y llanamente como, “El sindicato del Crimen”. Su objetivo era marcadamente político crear el clima más inmundicio posible con noticias y editoriales intoxicadores para desgaste de los socialistas y así se marchara Felipe González de la Moncloa. Hubo algunas deserciones, como la de Luis del Olmo, que cuando se enteró del objetivo que se perseguía, según manifestó posteriormente, salió escopeteado. Barajaron incluso la sustitución del líder socialista por la formación de un Gobierno de “técnicos” presidido por Mario Conde, que era el nexo de conexión de la conspiración con el sector financiero, que desde el poder sacaría a bombo y platillo, y publicada y reproducida en esos medios hasta la saciedad, “la corrupción acumulada” por más de once años de gobiernos socialistas, hasta, cambiada la voluntad del cuerpo electoral, conducir a unas nuevas elecciones generales donde saldría elegido José María Aznar que sería quien regeneraría la política española. También contaban con contactos con los servicios de inteligencia militar a través del ex-agente del CESIC, el coronel Juan Alberto Perote, que se vio obligado a abandonar dicho organismo en 1991, acusado de pasar información sensible precisamente al señor Mario Conde. Lo primero, lo de Mario Conde, no lo consiguieron, se vio truncada bien pronto por el escándalo financiero que estalló conocido como “caso Banesto”, cuando fue detenido, pero sí la llegada de Aznar a la Moncloa en 1996. Después, se  disolvieron para reaparecer, con renovadas caras y bríos, ya en clandestinidad, tras el triunfo de Zapatero en las elecciones de marzo del 2004, preámbulo del actual lema “el covid-19 es el 8-M” en versión “el 11-M fue ETA”. Y vueltos a desaparecer, cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones en noviembre del 2011. Tras la moción de censura que llevó al gobierno a Pedro Sánchez, ha vuelto a la carga esta conspiración mediática-financiera.

Año 1994. Patrocinadores del “Sindicato del Crimen” (a nivel eufemístico, AEPI)

Averigüe, asimismo, señora jueza, el origen y difusión de los bulos y fake news que se han propagado en la presente pandemia.

Hurgue, asimismo, en quiénes son los patrocinadores y organizadores de las manifestaciones de este mes de mayo y de los políticos que sintiéndose impunes las han alentado.

Manifestación ilegal en la calle Larios de Málaga del día 21 de mayo, alentada por líderes de los partidos, Vox y PP, antes reproducidas en las calles de Madrid partiendo del barrio de Salamanca, sin cominicación gubernativa en contra de las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la separación físicas de las personas con el peligro real de provocar rebrotes del episodio vírico

No es un hecho baladí. También han sucedidos estas manifestaciones, más de dos meses después a la del 8 de marzo, cuando ya no se está tan ciego y tanto se ha aprendido del Covid-19, a costa del desgraciado y triste balance de millones de casos de infectados y cientos de miles fallecidos en el mundo, violando en estos casos las recomendaciones y normas escritas impartidas por las autoridades sanitarias en prevención de nuevos brotes pandémicos y sin ser comunicadas a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

No olvide que la Comunidad Autónoma de Madrid en este mes de mayo, superó ya los 68.000 positivos y las víctimas mortales confirmadas se acercaron a las 8.700, nada que ver con las nimias cifras y nula experiencia en la materia pandémica por este virus que se daba aquel 8-M.

Le pueden informar también los organismos científicos, a los que debe sentir alergia, sobre los riesgos, por lo que ya se sabe, a que han dado lugar.

No se trata su señoría de abrumarla con piezas separadas sino formando parte de un todo, porque podemos encontrarnos con un escenario donde los autores de estos actos delictivos y que atentan a la salud pública y al derecho a la vida, con afección de riesgos de intensidad distinta, desde los recién nacidos hasta letales para las personas más mayores de la tercera edad, hayan cometidos delitos bien tasados, a diferencia del 8-M, desde el punto de vista legal.

El coronel don Diego Pérez de los Cobos, que estaba en puertas de ser cesado antes de “la metedura de pata” del informe bochornoso remitida a la señora juez. Su fracaso y nefasto papel jugado cuando el ilegal referéndum en Cataluña del 1 de octubre de 2017 que no lo impidió y con esas cargas sin sentido contra votantes, no obstante, más con el juicio sucedido en Tribunal Supremo contra “el procés”, lo habían situado en el punto de mira del independentismo catalán y así el ministro señor Marlaska, tal vez por el principio valorativo de la prudencia, consideró posponer su cese para no recibir la bronca de la derecha con la acusación de estar vendido al separatismo catalán. También aquí, tirando de la historia, nos encontramos a un joven aguerrido de extrema derecha, hijo de un miembro de Fuerza Nueva de profesión coronel de la Guardia Civil, que el día del golpe del 23-F se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Yecla para ponerse a disposición de la sedición en marcha. El mismo que por el caso “Urra” ha figurado en la lista de dos relatores de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, informe de 1993, como torturador

Por el contrario, la preocupación parece que está más centrada en el futuro laboral que depara al responsable de esa aventura desleal y nada profesional con sus superiores. El que un mando de la Guardia Civil (que no estaba actuando como policía judicial, sino solo los agentes que a tal fin estaban comisionados por el juzgado), el también opusino, otra casualidad, señor Pérez de los Cobos, haya sido cesado de un puesto de confianza, no debería tener más relevancia que cuando fue nombrado. Recuerde la norma de Función Pública.

Este tipo de puestos de libre designación conlleva eso, se nombran y se cesan por quien tiene la competencia y no precisa de justificación alguna.

Tampoco se tuvo en cuenta para su nombramiento sus oscuros antecedentes, como su actuación en el golpe de estado del 23-F de 1981, figurar fichado por el caso “Urra”, como torturador por entidades u organismos internacionales, como Amnistía Internacional o Naciones Unidas, o las desmedidas y contraproducentes cargas policiales cuando el ilegal referéndum del 1 de octubre del 2017 en su fracaso de que tuviera lugar en Cataluña a iniciativa de los independentistas.

Por otro lado, este modo de provisión de estos puestos de libre designación, como el producido por el cese del señor de los Cobos por el ministro del Interior, señor Marlaska, está absolutamente extendida en las normas de función pública de las Administraciones Públicas: tanto en la Administración General del Estado, Administración Autonómica, a través de sus respectivas Leyes de Función Pública y Provisión de puestos de trabajo. También en la Administración Local.

Repase su señoría igualmente los artículos 15 y 16 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, BOE núm. 150, de 24/06/1987, con entrada en vigor al día siguiente.

rajoy orden a la guardia civil

Circular de fecha de 28.03.2012, cuando gobernaba Mariano Rajoy ,dirigida a las unidades judiciales de la policía, manifestando la obligación de informar a los superiores de la operación a realizar, concepto de la operación, fecha previsible de intervención, número previsible de detenciones, registros que se iban a realizar y sobre posibles implicaciones de cargos públicos y de registros de sedes oficiales. Corrían tiempos que el PP acumulaba tal cúmulo de actos de corrupción que estaba temeroso de por donde le iba a llegar. Esta Circular no ha sido derogada hasta la fecha. Resulta por tanto de un cinismo grosero que el dirigente del PP, Pablo Casado, hable de que se ha puesto fin a la separación de poderes por bastante menos realizado por el ministro Marlaska. Fuente: Diario digital Infolibre

¿Es acaso el señor Pérez de los Cobos un funcionario adscrito a las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial, formando parte de ellas o como mando? ¿No estamos ante una atribución propia de funciones que no le corresponden o, en todo caso, inmerso en una estructura militar como es la Guardia Civil, donde no tiene que sorprender que deba de tener informado a sus superiores de sus trabajos, siempre manteniendo el secreto sobre el contenido de las materias que estén expresamente sub iudice, aunque el contenido de esos informes sea en su mayoría un corta y pega del periódico “OKDiario”, cuyo director, no casualmente, es Eduardo Inda?

El médico forense y presunto científico epidemiólogo del virus Covid-19, Julio Lorenzo Rego, que firma el informe forense en la instrucción de las diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid por el 8-M, y que ha participado en varias conferencias como promotor de la secta ultracatólica, “Legionarios de Cristo Rey”, fundada en México en 1941 por el obispo pedófilo, Marcial Maciel, condenado por el papa Francisco tras décadas de ser denunciado ante el Vaticano por numerosos casos de abusos a menores, a seminaristas, y a sus propios hijos que ignoraban la condición de obispo de México de su progenitor por lo que también fue denunciado por sus dos esposas.

Por último, expresarle también mi enorme desasosiego al tener conocimiento de las personas poco recomendables para la imparcialidad del procedimiento que está rondando la instrucción de estas diligencias, me imagino que habrá sido porque esté adscrito a ese juzgado o por escrupuloso cumplimiento de la normativa de reparto, habiéndolo solicitado sin nombre y apellido el forense al “Instituto de Medicina Legal”, como creo tener la seguridad que le haya llegado a su señoría el caso de la denuncia del “particular” que aquí se viene comentando.

Y digo creer tener la seguridad de que le haya llegado el caso fortuitamente por el azar del reparto, porque tengo serios recelos.

¿Cómo una denuncia que va dirigida contra el presidente del Gobierno, aparte de los delegados en las distintas comunidades autónomas, no se presenta por el inhabilitado abogado ante el Tribunal Supremo (TS)? ¿Ó cómo es que le ha llegado al juzgado de su señoría, ya que como pieza separada para ir contra el delegado del Gobierno en Madrid ha sido imposible que se lo haya remitido el máximo órgano jurisdiccional ? ¿Por el falaz argumento del susodicho denunciante de que la puerta del TS estaba cerrada? ¿No existe la opción telemática para su presentación?

Está claro que al no ser aforado el señor Franco Pardo, puede continuar las diligencias sin que haya un tribunal superior que le reclame la causa.

En cuanto a las incertidumbres que le manifestaba con anterioridad, también me refería a la naturaleza ideológica del activista de la secta ultramontana de Legionarios de Cristo, el médico forense, Julio Lorenzo Rego, tan extraño a la especialización vírica que llega a afirmar, en el informe que le ha requerido, que el Covid-19 se transmiten a los seres humanos por el aire, por lo que, “de haberse evitado esas manifestaciones, como la del 8-M se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”, aunque no es posible que pudiera determinar, continúa, si las personas afectadas por el coronavirus que asistieron a las manifestaciones lo contrajeron por este encuentro o por cualquier otro acto.

No lo descarta, aunque tampoco lo asevera taxativamente como hubiese deseado su señoría, viéndose obligada a devolverle el informe para que sea más taxativo, pero a la vez tener que cambiar la acusación contra el delegado del Gobierno en Madrid, el señor, José Manuel Franco, sustituyendo “daños de lesiones por imprudencia” al autorizar la manifestación -insisto no se autoriza expresamente sino que queda informado- al de “prevaricación administrativa”, sin dejar de emplear el mismo Código Penal, difícilmente aplicable en omisión.

Como si esta norma estuviera para condenar a la autoridad que permite implícitamente actos basados en derechos fundamentales que están en su ámbito de competencia ser recibida la comunicación y no prohibirla, siempre que no hubiera una proscripción expresa superior, de un órgano sanitario al respecto, o de alerta por el alcalde de Madrid, lugar de su celebración, hecho que en aquel instante del 8-M no existió.

Me va a permitir, no obstante, que me extienda algo sobre este forense, señor Rego, antes de que le emita un segundo informe, tal vez el que su señoría desee para continuar las diligencias, de cara a explicarle también el ambiente medieval que le rodea al objeto de la necesidad que tiene de abstraerse de ese entorno para que sus resoluciones sean justas y acordes con la normativa en vigor en estas fechas del siglo XXI.

La base intelectual del señor Rego está anclada en el derecho contra natura del Medievo. Imparte conferencias públicas promovidas por los “Legionarios de Cristo” y su brazo seglar, Regnum Christi, fundada por el que fuera obispo de México, Marcial Maciel, condenado por la justicia, y por el Vaticano del actual papa Francisco, por pederastia, fraude, extorsión, abusos sexuales y ser padre de tres hijos con dos mujeres a la vez sin que entre ellas se conocieran ni tampoco de la condición de obispo del marido y progenitor.

Monseñor, Marcial Maciel Degollado (México 1920-EEUU 2008), fundador en 1941 de “La Legión de Cristo Rey”. Fue denunciado por sus víctimas ante los papas Pío XII, en el año 1955, Pablo VI, 1965, y Juan Pablo II (1979-1993), sin que hicieran caso a décadas de abusos sexuales contra seminaristas y en otros centenares casos contra menores de edad, acompañados de fraudes y de extorsiones. En el 2006, el papa Benedicto XVI lo apartó del ministerio público pero por razones de edad. Entre los seguidores en España de este “ejemplar” Obispo, y de su secta “Legionarios de Cristo Rey”, junto al médico forense citado, se encuentran destacadas y distinguidas personalidades del PP, tales como: Ana Botella, Ángel Acebes, José María Michavilla…Justo antes del reconocimiento por el Vaticano de los gravísimos pecados cometidos por el obispo mexicano; Blanca Estela Lara Gutiérrez y sus hijos: Omar, Raúl y Cristian González Lara, se presentaron en el programa radiofónico, “Noticias MVS”, emitido el 3 de marzo de, 2010. Los dos varones confirmaron que correspondían ser hijos del obispo, monseñor Maciel, quien tuvo una relación sentimental con su madre, Blanca Lara, en Tijuana en los años setenta. En la referida entrevista radiofónica, Omar y Raúl González Lara, narraron asimismo los abusos sexuales que realizó su padre contra ellos a lo largo de 8 años. El obispo Maciel era adicto al fármaco “demerol”, un potente tranquilizante. Otras víctimas de sus abusos denunciaron de igual modo su dependencia de la morfina. En su producción religiosa, Maciel publicó, “El salterio de mis días: 98 meditaciones”, libro de cabecera de la “Legión de Cristo”. Lo plagió en más del 80% de, “Salterio de mis horas”, un texto escrito por el abogado y político católico, Luis Lucia Lucía (1888-1943), y publicado en 1956.

La primera de estas conferencias (“Simposio de Psicólogos Católicos 22º, 2006: Globalidad y familia) del referido médico-forense, señor Rego, estuvo clausurada por el obispo homófobo de Alcalá de Henares, monseñor Juan Antonio Reig Pla, caracterizado por sus ataques al prójimo que tiene otra orientación sexual distinta a la castidad o a la heterosexual, a los que ha facilitado ponerse en manos de Elena Lorenzo Rego, hermana del citado médico-forense, terapeuta que vilneró el artículo 70.4 de la ley LGTBIQ de la Comunidad de Madrid, siendo multada con 20.001 euros por sus cursos para curar la homosexualidad. Actualmente los lleva a cabo con total impunidad por on line.

El obispo de Alcalá de Henares, Reig Pla, caracterizado por la homofobia y la misoginia, pero tan condescendiente con la pedofilia, que ha venido amparando esas conferencias de los “Legionarios de Cristo Rey” impartidas por el médico forense, Julio Lorenzo Rego, o los cursos para curar la homosexualidad que ha desarrollado su hermana, Elena, y que ahora lo ejercita on-line vía Internet (ver La Coach Elena Lorenzo lanza un curso online llamado “Camino hacia la Heterosexualidad”: https://www.youtube.com/watch?v=xxm7GHm5o3Y

También afecta esta parafernalia cavernícola a las mujeres pecadoras por la “ideología de género” que practican, a las que el obispo de Alcalá aconseja “ser vírgenes por segunda vez” y “purificarse antes del matrimonio”.

Durante el estado de alarma ha continuado desafiando a la autoridad y, sobre todo, poniendo en riesgo innecesario a su feligresía. “Si hasta el Papa está encerrado en Santa Marta”, le respondían algunos de sus sus colegas y compañeros de la Conferencia Episcopal Española, de la que es miembro de la “Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida“, claro que se refiere a los no nacidos.   

Dicho jerarca, insisto, de la Conferencia Episcopal Española, ha presidido igualmente misas por Franco (no se refiere aquí al actual delegado del gobierno en Madrid sino al infame dictador golpista de 1936) y en alguna ocasión, como en 2009, con la presencia de banderas franquistas y de Blas Piñar.

Blas Piñar

El líder de la ultraderecha de las postrimerías del franquismo y de la Transición, señor Blas Piñar López, fundador de “Fuerza Nueva”, en cuyas listas electorales por la provincia de Murcia al Congreso de Diputados en los primeros comicios democráticos de 1977, donde, con una participación del 81,6%, tres puntos por encima de la media nacional, la formación ultraderechista, quedó en novena posición con 2313 votos (0,51% de votos emitidos en las urnas), figuró el padre del coronel de la Guardia Civil, señor Pérez de los Cobos, aunque ello no signifique ninguna determinación ideológica con respecto a la evolución al día de hoy de su descendencia, sabemos la de joven que era también de extrema derecha.

Don Blas Piñar López, como bien sabe su señoría, al menos de oído, fue durante las postrimerías del franquismo y en los primeros años de la Transición el líder de la organización de extrema derecha, “Fuerza Nueva”.

Por cierto, a efectos exclusivamente como dato histórico sin que nada tenga que ver con el procedimiento que lleva en curso, el padre del opusino coronel de la Guardia Civil, don Diego Pérez de los Cobos Orihuel, recién cesado de su puesto en esa Dirección General del ministerio del Interior, de nombre, don Antonio Pérez de los Cobos Cuadrado, también coronel de la Guardia Civil, formó parte de la lista electoral de “Fuerza Nueva” por la provincia de Murcia en las primeras elecciones de 1977 con resultados muy exiguos.

Si a lo de “Legionarios de Cristo”, le añadimos la implicación de miembros relevantes del Opus Dei en la conspiración en marcha, el cóctel no puede ser más explosivo, por recordar en pleno siglo XXI a los autos de fe que en el pasado organizó el Tribunal de la Santa Inquisición como castigo a todo científico que pusiera el acento en un agente patógeno como causante de una pandemia, mandándolo a la hoguera, por cuestionar que por el contrario era castigo de Dios para aplacar la soberbia humana.

Son ambos temas, Fuerza Nueva y autos de fe, páginas históricas del pasado, que se creen superadas afortunadamente porque nada tendrían que ver con el presente, aunque, por si las moscas, sea conveniente no olvidarlas.

Ante todo lo anteriormente expuesto,

RECOMENDACIONES

Sra. jueza, Carmen Rodríguez-Medel, más que haberse metido en esa selva impropia que nada positivo puede reportar a la Justicia, salvo pérdida de credibilidad, hágame caso porque debería, a la inversa, centrarse e interesarle datos precisos del episodio pandémico, más allá de especulaciones o hechicerías, que seguro que se tendrían que poner de manifiesto en un desarrollo más profundo y de rigor en las diligencias que prosigue, partiendo de las siguientes reflexiones:

¿Cómo es posible que se celebraran manifestaciones el 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, en todos los países del mundo, y en todas las capitales de España, al aíre libre, y no haya habido ningún informe científico que atribuya la propagación del virus a ese evento?

¿Cómo se explica que la manifestación del 8-M afectara por coronavirus solo a Madrid y no a las demás provincias españolas u otras capitales del mundo?

¿Es que acaso el Covid-19 de Madrid era especial, o es que estaba excesivamente fresco, pendiente de estallar e infestar exponencialmente, porque se lo había traído, momentos antes de esa manifestación, don Javier Ortega Smith, dirigente de Vox, desde Milán, centro de la pandemia mundial en ese instante, para covidear el acto que tuvo lugar ese mismo día en el local cerrado de Vistalegre, sito en la capital de España?

¿Cómo es posible que el PP y Ciudadanos supieran -invento posterior como expertos en “covidencia”- lo que iba a pasar y, sin embargo, mandaron a mujeres de sus partidos a esa misma manifestación del 8-M?

¿Cómo fue que la señora, doña Ana Pastor, dirigente del PP y expresidenta del Congreso de Diputados, que anunció su participación en esa manifestación y por el contrario no asistió y sin embargo en esa misma fecha contrajo el virus?

…. 

mani 8-m covid aut

Ilustro a su señoría con el gráfico que lógicamente no figura en el informe del coronel de la Guardia Civil, don Diego Pérez de los Cobos. La movilidad de personas que generó la manifestación al aire libre del 8-M, comparativa con eventos en lugares cerrados o estáticos que se produjeron en aquellos tiempos, febrero-marzo, cuando ya estaba presente el Covid-19 entre nosotros, aunque no lo supiéramos o no nos los creyéramos; tales como la feria de la Cultura Arco-2020 o el partido de fútbol del Atlético de Madrid-Sevilla en el estadio “Wanda Metropol” jugado la tarde del 7 de marzo, el mitin de Vox en Vistalegre, así como la que cuantifica la cantidad de pasajeros del transporte del Metro de la capital madrileña en su media diaria. Cada figura corresponde a mil personas. Fuente: Enrique Bordes

Asimismo, ¿por qué no se ha molestado la señora juez en saber la siguiente cronología para archivar esa denuncia de un “particular” condenado por la justicia?:

– 11 de marzo. Tres días después de la manifestación del 8-M, la OMS declara la pandemia a nivel mundial por Covid-19. No el 30 de enero como le indica el señor coronel Pérez de los Cobos en su informe de corta y pega.

– 14 de marzo. En España, el Gobierno decreta el estado de alarma, el más severo de los declarados en el mundo, cuando iban afectadas 4.231 personas y 120 fallecidas, menos de la mitad de Italia cuando lo declaró cuatro días antes y dos después de la manifestación del 8-M que también la celebró.

– 14 de marzo. Francia, sin restricción alguna, celebra la primera vuelta de las elecciones municipales y tienen lugar las manifestaciones en la calle de chalecos amarillos.

– 16 de marzo. Francia, a raíz de la propagación del virus, prohíbe la segunda vuelta de las elecciones municipales a celebrarse el siguiente domingo, día 22, y cierra y confina el país con 6.633 contagios y 148 fallecimientos registrados, superior al de España.

– 24 de marzo. Gran Bretaña, partidario su premier señor Boris Johnson de la teoría de la inmunidad colectiva, rectifica y dicta muy tardíamente la orden de confinamiento con 335 fallecidos y 6.650 casos declarados, solo contabilizados los ingresados en hospitales públicos.

Cronología de la evolución de la pandemia por países así como también la implantación de las disposiciones normativas de implantación de los estados de alarma o de confinamientos en fecha tomando el día cero cuando el número oficial de infectados es 1 por cada millón de habitantes, donde prácticamente apenas se observan diferencias entre países de nuestro entorno con la excepción de Gran Bretaña que lo llevó tardíamente, de ahí la situación más prolongada y con más víctimas para su salida, y en el otro extremo EEUU que fue el más veloz en recomendarla pero el menos efectiva al delegarla en los Estados que de forma desigual lo han aplicado, sufriendo el padecimiento vírico de forma severa con triste balance. O el caso más extremo aún de Brasil donde la pandemia actualmente está en su punto álgido sin que el presidente, señor Bolsonaro tome medidas. Fuente, Juan Corominas Masip, autor del reciente trabajo, “APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS EN ESPAÑA”  https://ignaciotrillo.wordpress.com/2020/05/08/41845/  finalizado el 17.05.2020, cuya lectura es más que recomendable por su señoría porque sitúa la dimensión tan compleja del comportamiento del Covid-19 a nivel mundial.

Como contenido adicional y final, le traslado lo que sé de mis allegados sanitarios:

1.- El Covid-19 cogió desprevenidos a todos los países del mundo, sin excepción, ​que llegaron todos tarde ante lo inédito del episodio epidémico.

2.- Parecía que era una cosa de China que, como el coronavirus SARS del 2003, otra variedad vírica de la misma familia, no azotaría apenas a Europa. Ese virus ocasionó en todo el mundo aquel año, tan solo 774 muertos y afectó a 8.098 personas, la mayoría en China. Cualquier gripe invernal ha producido mucho mayor número de víctimas y afecciones.

Señora juez: Cuide bien de que en este caso no haga daño al interés general. No siembre dudas para que se sospeche de su objetividad e imparcialidad. No pretenda ser juez estrella en una cuestión tan compleja y delicada donde puede salir estrellada. Tenía entendido, también por lo que me han informado de Marbella que no es amante de los focos, ahora tiene una oportunidad de demostrarlo.

Tampoco que aparente que con este caso ambicione hacer méritos para la política por haber sido ya asesora del exministro de Justicia con Mariano Rajoy, el señor Catalá, y dirigente del PP. O que ahora ese caso le blinde la posibilidad de satisfacer lo que no pudo lograr en su día ser designada para ocupar el puesto del exjuez Garzón cuando fue separado de la carrera judicial. O que alguien pueda suponer sobre su posible animadversión al ministro del Interior, señor Marlaska, al haber ambicionado que la hubiera nombrado Directora General de la Guardia Civil, como hija que es del Cuerpo, en vez de haber optado por la malagueña, María Gámez, etc., etc.. Huya de esas sospechas y evite que la inhabiliten para instruir este procedimiento.

Por todo lo anterior y tantas cosas más que podría seguir añadiendo, que cualquier profano en la materia, desconocedor por tanto de la objetividad con la que actúa la justicia, podría tildar de tormenta perfectamente orquestada, organizada y explosiva en la conspiración existente contra el gobierno de España y la estabilidad del sistema democrático, no cometa errores.

Ya bastante favor ha hecho a la defensa jurídica del exjefe de los Mossos, el señor Trapero, recibiendo sin rechazo ese informe del coronel, señor Diego Pérez de los Cobos, que le desacredita para las acusaciones que ha vertido ante el Tribunal Supremo en el juicio al “procés” por su tramposo contenido, pésima elaboración y carencia de todo tipo de rigor y de escrúpulos.

Tampoco es casual, otra vez nos hallamos ante contingencias fortuitas, que el hermano del citado coronel, don Francisco Pérez de los Cobos, presidiera el Tribunal Constitucional, a propuesta del PP, cuando fue emitida la sentencia por el máximo órgano de garantía democrática, que echaba por tierra la reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña, atendiendo al recurso presentado por el PP, y una vez que, no solo había sido aprobado por el Congreso de Diputados, sino también en referéndum del cuerpo electoral catalán, lo que ha llevado a abrir un conflicto en Cataluña bien conocido base del auge del independentismo ante el burdo agravio que supuso y supone que por ejemplo en la Comunidad que dio vida a Pau Casal sean anticonstitucionales artículos que por el contrario figuran como legales y aprobados en la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía con el apoyo entusiasta del entonces dirigente del PP regional, señor Arenas Bocanegra. 

A mano izquierda, don Francisco Pérez de los Cobos, magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, 2011-2017, y presidente del dicho órgano, desde 2013 al 2017. Este magistrado, estuvo incluido en el listado de donantes y afiliados del PP entre 2008 y 2011, cuyas aportaciones sirven para sufragar los gastos de dicha formación política. De los Cobos fue elegido magistrado del alto tribunal el 29 de diciembre de 2010. El listado en el que aparece el señor De los Cobos está en un documento que forma parte del sumario del caso “Bárcenas”, y en el mismo se señala tanto el nombre de la persona que contribuyó a la financiación del partido como el número de su Documento Nacional de Identidad y la cantidad aportada. Los jueces y magistrados tienen prohibido, por ley, pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Así lo refleja el artículo 395 de la ley Orgánica del Poder Judicial: “No podrán los Jueces o Magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos”. Además, la Constitución, en su artículo 127, señala que “los jueces y magistrados así como los fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos”, para asegurar la total independencia de los mismos.

Es decir, la independencia hay que llevarla a cabo y además aparentarla, como la mujer del César.

En todo caso, si después de todo lo dicho, se mantuviera en la duda sobre que la afección de la pandemia del Covid-19, se debió a la manifestación del 8-M le brindo también salida para que practique una diligencia de cara a que no prescriba y, formando también del Derecho también, bajo el principio de oportunidad, congele la instrucción de las diligencias que lleva a cabo hasta que la ciencia médica haya averiguado todos los secretos que quedan por descubrirse sobre la pandemia (única forma de constatar sin error la premisa esencial) y las aguas de la marea política estén más serenadas con el regreso a la cordura de los que hoy andan como asilvestrados instalados en el monte.

No prosiga, haciéndose más daño a su condición de mujer, haciéndole más el juego al machismo paleolítico que aún perdura contra la igualdad entre los seres humanos, entre sexos y opciones sexuales, no por una cuestión ideológica sino, porque no hay caso.

Sin más, solo con la esperanza de que su señoría atienda mis modestas recomendaciones, exclusivamente expuestas para contribuir a su reflexión, y mis esperanzas de que no sea afectada por la pandemia del Covid-19 que ni de lejos está desaparecida, según nos siguen diciendo las autoridades sanitarias, ni tampoco por “ningún otro virus tóxico” que por marcarla no le llevase a ningún puerto digno, reciba mis más respetuosos saludos y deseos de que acierte.

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Acerca del Colaborador

Ignacio Trillo



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