Opinión

Publicado el marzo 28th, 2021 | Por Vicenç Navarro

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El abandono de las familias: el escaso desarrollo del cuarto pilar del bienestar

A principios de los años sesenta, tuve que irme de España por razones políticas (al tener que exiliarme debido a mi participación en la resistencia antifascista), forzándome a dejar el país en un día lluvioso de 1962 que recordaré siempre. Me fui a Suecia, país que conocía bien y cuyo gobierno había estado ayudando a la resistencia, invitándonos a que fuéramos a su país en caso de que nos viéramos obligados a dejar el nuestro. En Suecia conocí también la que se convertiría más tarde en mi esposa, lo que me dio la oportunidad de vivir y conocer bien la vida familiar en aquel país.

Muchos años más tarde -más de treinta- pasó algo que me marcó para el resto de mi vida, y que me hizo soñar que en algún momento pudiera también ocurrir en España. La madre de mi esposa se cayó y se rompió el fémur, y pude ver cómo el Estado del Bienestar sueco la cuidaba. Recibía cinco visitas al día de los servicios domiciliarios.

En la primera visita, por la mañana, la lavaban y le preparaban el desayuno; tenía otra al mediodía, en la que le preparaban la comida; otra, por la tarde, para llevarla con un carrito a pasear o para traerle un libro; otra, más tarde, para prepararle la cena; y, por último, una visita a las dos de la madrugada para llevarla al lavabo. Cinco visitas al día garantizadas como derecho individual. Estos servicios estaban gestionados por el gobierno municipal y financiados por este, juntamente con el gobierno regional y el Estado central, así como por la propia persona dependiente a través de la pensión que recibía.

Un día, cenando con el ministro de Sanidad y Asuntos Sociales del gobierno socialdemócrata al cual estaba asesorando, me dijo: “Vicente, hacemos esto por tu suegra por tres razones: una, porque es que es un programa muy popular. Incluso cuando ganan las derechas -conocidas en Suecia como los partidos burgueses- no se atreven a tocarlo, debido a su elevadísima popularidad. Otra razón es que es más económico tener a tu suegra en casa que en el hospital. Y tercero, creamos empleo“. Uno de cada cinco adultos en Suecia trabaja en los servicios del Estado del Bienestar, tales como la sanidad, los servicios sociales, la educación, los servicios domiciliarios y las escuelas de infancia, entre otros.

Los enormes déficits de los servicios de atención a las personas dependientes en España

Me impresionó mucho aquella experiencia, y sin lugar a duda contribuyó a ello el hecho de que, en la misma semana que mi suegra se cayera y se rompiera el fémur, le pasara lo mismo a mi madre, de 86 años. Pude ver entonces, hace más de treinta años, cómo se trataba a una anciana en esta condición en nuestro país. No había esos servicios en Barcelona, donde mi madre vivía. Había unos servicios domiciliarios municipales para las personas muy necesitadas sin apenas recursos, y con una frecuencia de atención muy baja de tres visitas a la semana. Esta observación no implica una crítica al Ayuntamiento de Barcelona, ya entonces gobernado por las izquierdas, pues tales servicios no podían entonces -ni pueden ahora- ser financiados solo por los ayuntamientos. Había también unos servicios privados que enviaban personal de atención domiciliaria, pero a unos precios que mis padres, maestros republicanos represaliados por la dictadura que vivían modestamente en el barrio de La Sagrera (uno de los mayores barrios obreros de Barcelona), no podían pagar.

¿Quién cubría tales déficits?

¿Quién se ocupaba de mi madre? El lector ya conoce la respuesta antes de leerla: mi hermana Carmen, de mi edad. En España, es la mujer española quien cubría -y sigue cubriendo- este enrome déficit del Estado del Bienestar. Como consecuencia, la mujer tenía, y continúa teniendo, tres veces más enfermedades derivadas del estrés que el hombre.

Ni que decir tiene que mucho se ha avanzado desde entonces, y me alegra haber contribuido algo a ello, pues tuve el privilegio de asesorar al candidato Josep Borrell a la presidencia del gobierno, uno de los dirigentes del PSOE con mayor sensibilidad social (denunció la modificación de la Constitución que obligó al Estado español a pagar la deuda a los bancos por encima de todo lo demás), sugiriéndole que propusiera una ley de dependencia que hizo suya Almunia al substituirle y que pasó a estar en el programa de tal partido hasta que se aprobó por el gobierno Zapatero. La lástima es que la atención a la dependencia siempre estuvo subfinanciada, como ocurre en todas las dimensiones y componentes del Estado del Bienestar español: sanidad, educación, servicios de atención a la dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, vivienda y un largo etcétera. Estamos a la cola de los países de la Europa Occidental en cuanto al gasto público social que financia estos servicios.

Y, entre estos, los menos financiados son los servicios de ayuda a las familias, incluyendo las escuelas de infancia desde los 0 años y los servicios de atención a las personas dependientes, tanto a domicilio como residenciales. Estos servicios, conocidos como el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, están muy poco desarrollados, y la mayor causa de ello es el escaso poder que tiene la mujer en nuestro país. Se les llama “Cuarto Pilar” del Estado del Bienestar porque el derecho de acceso universal (que cubre a toda la ciudadanía) e individual a tales servicios complementaba, cuando se establecieron en los países escandinavos, los otros tres pilares: el acceso a la sanidad, el acceso a la educación y el derecho a la jubilación y a las pensiones.

 El enorme subdesarrollo de los servicios de ayuda a las familias

En España, solo un adulto de cada once trabaja en los servicios del Estado del Bienestar, siendo esta carencia en personal especialmente notable en estos servicios del Cuarto Pilar del Estado del Bienestar. Destinamos solo un 0,75% del PIB en servicios de atención a la dependencia, más de cuatro veces menos que Suecia (el 3,2 del PIB). Este déficit se da también en las escuelas de infancia, pues gastamos solo el 0,23 del PIB en educación infantil de primer ciclo (de 0 a 3 años), la mitad de lo que se gasta en Suecia, que es el 0,5%. Las consecuencias de estas limitaciones son enormes. Solo una pequeñísima proporción de personas dependientes (el 6%) reciben atención domiciliaria más de 20 horas semanales. Hay más de 800.000 personas dependientes que están prácticamente excluidas de los servicios públicos, siendo los actuales también insuficientes para cubrir la población atendida. Es una situación desesperada que, por otra parte, podría resolverse si hubiera voluntad política para cubrir a esta población y expandir los servicios prestados. Para ello deberían crearse 500.000 nuevos puestos de trabajo e incrementar el gasto en 4.821 millones de euros. Esto significaría un incremento anual de 480 millones de euros en atención a la dependencia en un horizonte de diez años, algo totalmente asumible.

En cuanto a la educación de la primera infancia, la tasa de cobertura entre los niños y niñas de 0-2 años es del 35% (450.000 niños). Duplicar la cobertura, es decir, tener el 70% de los niños y niñas de entre 0 y 2 años escolarizados, implicaría un incremento de plazas en 450.000, la creación de 143.000 puestos de trabajo públicos y un gasto adicional neto de 1.521 millones de euros que, en cinco años, supondría un incremento anual de 300 millones de euros. El actual grado de (sub)desarrollo de todos estos servicios -servicios de dependencia, y servicios de educación a la primera infancia- se ha traducido en una enorme sobrecarga para la mujer, especialmente durante la pandemia, siendo su dedicación a las “responsabilidades familiares” (cuidado de sus niños y niñas y de las personas en situación de dependencia) el doble de la dedicación pre-pandemia (ver el documento presentado en las Cortes en junio de 2020, El Cuarto Pilar del Estado del Bienestar: una propuesta para cubrir necesidades esenciales de cuidado, crear empleo y avanzar hacia la igualdad de género).

El deterioro de la calidad de vida de las mujeres y de las familias que ha ocurrido durante la pandemia

Hay muchos indicadores que reflejan cómo la pandemia ha perjudicado gravemente la situación de la mujer: el 70% de las personas que han perdido su trabajo durante el mes de febrero eran mujeres (según los datos del Ministerio de Trabajo). Las mujeres ostentan más del 74% de los contratos a tiempo parcial, según datos de la UGT; el 30% de las madres europeas que conservan su trabajo aseguran que su capacidad de rendimiento en el trabajo ha bajado durante la pandemia, porcentaje que alcanza el 37% en España según un informe de la consultora Boston Consulting Group. Todo ello implica que con la pandemia pueden haberse “perdido 20 años en la carrera para cerrar la brecha de género” en el ámbito laboral, según el mismo informe.

De todo lo expuesto en este artículo, se deriva que hay gran urgencia en que el sector público se asegure de que la recuperación económica contribuirá a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad entre hombres y mujeres, y que no contribuirá a reproducirlos o agravarlos. Concretamente, hay que establecer el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, proveyendo servicios públicos suficientes y de calidad para la educación de la primera infancia y la atención a la dependencia, garantizando a la vez que el trabajo debe ser estable y con jornadas de trabajo a tiempo completo más cortas (35 horas semanales en cinco días). Los hombres deben asumir la mitad del total de las tareas de cuidados en el hogar. La liberación de la mujer es condición sine qua non para la mejora del bienestar de las familias y del conjunto de la sociedad. No es por casualidad que aquellos países escandinavos sean los que tienen menos desigualdades por género y por clase social, y que sean los que presentan mejores indicadores de calidad de vida (ver mi artículo, “¿Cuál debería ser el objetivo de un proyecto emancipador? La relación entre las diferentes formas de explotación”).

Buenos pasos en esa dirección

Un avance muy importante ha sido el gran incremento de fondos movilizados para expandir los servicios de dependencia en los Presupuestos Generales del Estado que, sin lugar a duda, facilitarán la resolución de algunos de los grandes déficits señalados en este artículo, resultado de la gran sensibilidad social de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno y creciente peso de las fuerzas progresistas en las Cortes españolas. Concretamente, este 2021, el “Plan de Choque en Dependencia 2021-2023” aporta un incremento de 600 millones de euros para la mejora de la financiación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), 238 de los cuales provendrán de la Administración General del Estado y el resto de las Comunidades Autónomas.

Además, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se compromete a dotar al sistema con cantidades similares durante los ejercicios 2022 y 2023. Aunque la infrafinanciación sigue siendo importante, este Plan revierte los recortes de los últimos años en el ámbito de la dependencia con la expansión presupuestaria de 2021. El objetivo de este Plan es triple. Primero, reducir sustancialmente las listas de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes; segundo, asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el SAAD sean las adecuadas, lo cual revierte sobre la calidad de la atención que reciben las personas beneficiarias del sistema; y tercero, introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la adecuada atención de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad.

Esta financiación debería dar pie a un nuevo diseño de los servicios a las personas dependientes, estableciendo un sistema público de atención a la dependencia, con servicios suficientes y de calidad y condiciones laborales dignas para las personas que trabajan y trabajarán en este sector, lo cual debería también ocurrir en los servicios de atención y educación a la primera infancia, que también deberían ser públicos, suficientes y de calidad.

Existe una gran demanda de tales servicios

En solo unas pocas semanas se han conseguido más de 1.000 firmas de personalidades de distintas sensibilidades políticas e ideológicas, y de asociaciones de la sociedad civil (desde movimientos sociales a sindicatos) reclamando el establecimiento de este Cuarto Pilar del Estado del Bienestar (ver www.cuartopilar.es). Estas expansiones deberían dar pie al establecimiento del derecho de acceso universal e individual a los servicios de ayuda a las familias (principal componente del Cuarto Pilar del Estado del Bienestar) que, además de eliminar la sobrecarga de la mujer y mejorar el bienestar de las familias, facilitaría enormemente la recuperación económica del país, siendo una de las inversiones públicas que crearían más empleo.

Según las investigaciones más recientes, estos servicios serían fuente de 650.000 empleos públicos directos, sin contar el casi medio millón adicional de empleos indirectos. Es decir, más de un millón de puestos de trabajo de calidad en un momento de extrema necesidad. Es fundamental que los ministerios responsables de la recuperación económica se den cuenta de que, además de la urgente y necesaria revolución verde (con el consiguiente New Deal verde) hace falta también una revolución social (con el consiguiente New Deal social) a fin de reorientar la economía española. Está claro que la revolución verde es urgente y necesaria para poder garantizar la supervivencia de la humanidad en el planeta, pero no es menos urgente y necesario que se garantice la calidad y el bienestar de los seres humanos, que dista mucho de haberse alcanzado. España es un ejemplo de ello.

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Acerca del Colaborador

Vicenç Navarro

ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 45 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España. Tuvo que exiliarse de España por razones políticas. Ha vivido y trabajado en Suecia (Upsala), Gran Bretaña (London School of Economics, Oxford y Edimburgo) y en EEUU (The Johns Hopkins University) donde ha sido Catedrático de Políticas Públicas. Fue propuesto como Catedrático Extraordinario de Economía Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid y se integró a la vida académica catalana como Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y más tarde como Catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra donde dirige el programa de Políticas Públicas y Sociales patrocinado junto con The Johns Hopkins University, en el que continúa siendo profesor. Ha asesorado a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud y a muchos gobiernos incluyendo: el gobierno de Unidad Popular de Chile, el gobierno cubano (en su reforma sanitaria), el gobierno socialdemócrata sueco, el gobierno socialista español, los gobiernos tripartitos y “d’entesa” catalanes, así como al gobierno federal de EEUU, habiendo sido miembro del grupo de trabajo sobre la reforma sanitaria la Casa Blanca dirigida por Hillary Clinton. Sus áreas de investigación son: Economia Política, Estado de Bienestar y Estudios Políticos. Ha publicado extensamente (24 libros traducidos a varios idiomas), siendo los más recientes el Subdesarrollo Social de España: Causas y Consecuencias. Anagrama; Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y Bienestar Social en España. Ed. Seguitur. (con Juan Torres y Alberto Garzón), Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero, con Juan Torres, Neoliberalism, Globalization and Inequalities. Baywood, y Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015. En 2002, recibió el premio de ensayo de la Editorial Anagrama por su libro Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. De lo que no se habla en nuestro país. Según la Agencia de Información Científica Internacional de la Universidad de Pensilvania (Lauder Institute of Management and International Studies), el profesor Navarro es uno de los científicos españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales (que incluye ciencias políticas, economía, sociología, y otras). En diciembre de 2009 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga, y en marzo de 2013 lo fue por la Universidad de Lleida. En el año 2014 recibió el Premio Stebbins, que se da al mejor profesor del Programa de Políticas Públicas de la Johns Hopkins University.



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