Opinión

Publicado el junio 5th, 2017 | Por Juan Torres Lopez

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¿El Estado de Bienestar es insostenible porque “resulta imposible mantenerlo”?

Las palabras que encabezan este artículo son textuales. Las dijo en abril de 2009 el ex presidente José María Aznar (Aznar cree insostenible el actual Estado del bienestar) y las ha vuelto a repetir en nuevas ocasiones, más o menos de la misma forma que los demás responsables de las políticas económicas que se han aplicado en los últimos años. Y, como ha ocurrido con otros mitos y mentiras, a fuerza de repetirse se ha conseguido que la gente termine creyéndose esa idea y que acepte las medidas que recortan sus derechos y los bienes públicos a los que venía accediendo. Pero ¿qué hay de verdad en esa afirmación? ¿Es cierto que los gastos públicos destinados a garantizar bienestar social son tan elevados y necesitan una financiación tan exagerada que resulta “imposible mantenerlos”?

A mi juicio, tanto si contemplamos el caso español como el de otros países avanzados, se puede concluir fácilmente que lo que dicen Aznar y otros políticos o economistas de su misma orientación es el resultado de sus preferencias ideológicas y contrario a la realidad que muestran los números.

En primer lugar, habría que explicar por qué en otros países se puede mantener sin demasiados problemas un porcentaje de gasto social sobre el PIB más elevado que el español y en nuestro país no. Es más, lo que habría que considerar es que nuestro gasto social más reducido es una rémora a la hora de generar más ingresos y actividad económica. Es decir, que conviene ponerlo a la altura de los demás, en lugar de reducirlo, si queremos que nuestra economía funcione mejor.

Increíblemente, los economistas y políticos neoliberales que atacan el gasto social y al Estado de Bienestar lo hacen considerando que es un gasto perdido, una especie de dispendio que se desperdicia en la propia barriga del Estado y que, por tanto, no tiene utilidad ninguna. Digo que resulta increíble que se diga eso porque resulta obvio que cada euro de gasto que realiza el Estado en sanidad, educación, pensiones…, o en cualquier otro concepto, se convierte (más o menos inmediatamente y en mayor o menor proporción) en un euro de ingreso del sector privado. El gasto público o lo reciben empleados públicos que se lo gastan en consumo de bienes y servicios, o empresas que igualmente lo incorporan a la actividad económica invirtiendo y gastando a su vez, o rentistas que adquieran deuda pública (otra cosa es, como señalaré después que se tenga que gastar en intereses o que salga de nuestra economía).

Yo no defiendo que el Estado gaste por gastar sino que se evalúe con el máximo rigor la conveniencia social del gasto público y su forma de realizarse. Pero eso es una cosa y otra creer a los economistas liberales cuando, para rechazar al Estado por preferencias ideológicas, se inventan el mito de que el gasto público no ayuda a la economía privada o a la actividad económica en general.

La realidad es que el gasto social y el público en general tiene dos grandes ventajas. La primera, que cuando se realiza puede generar un incremento final en la renta mucho mayor. Es lo que los economistas llamamos el “efecto multiplicador” del gasto público (parecido al que tienen la inversión o las exportaciones) y que algunos economistas anarquista-liberales incluso se empeñan en negar con tal de justificar sus preferencias ideológicas. Es cierto que puede ser mayor o menor, o incluso anularse en determinadas circunstancias, pero, como las meigas, haberlo, háylo. Como explico en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, organismos tan conservadores como el Fondo Monetario Internacional no solo confirman su existencia sino que han tenido que reconocer que es más grande de lo que se creía. El gasto público no llena la barriga del Estado sino el bolsillo del sector privado, como saben muy bien los grandes promotores, constructores y banqueros españoles, sobre todo, pero también la inmensa mayoría de los empresarios que pueden vender sus productos gracias a que hay quienes reciben ingresos, por una vía u otra, del Estado.

La segunda gran ventaja del gasto social (y público en general) es que se puede financiar sin coste alguno por el banco central puesto que el dinero que presta se crea de la nada. Es evidente que eso hay que hacerlo garantizando siempre que la demanda que se crea tenga oferta suficiente para que no suban los precios, pero significa que el gasto social puede utilizarse sin problemas para activar la economía cuando el sector privado no consigue hacerlo.

Y esta ventaja del gasto social lleva directamente a descubrir otra de las grandes mentiras de los políticos y economistas neoliberales sobre su sostenibilidad. La que afirma que es el causante de los déficits y de la abultada deuda pública.

La oficina de estadística europea Eurostat acaba de publicar los últimos datos de deuda pública e intereses de España y del resto de países europeos y son bastante claros al respecto.

De 1995 a 2016, la deuda pública española ha aumentado en 811.349 millones de dólares (de 295.604 millones a 1,106 billones de euros) y en ese periodo España ha pagado 509.730 millones de euros en intereses. Es decir, que 62 de cada 100 euros del incremento que ha tenido la deuda pública española corresponden a intereses. Dicho de otra manera, eso significa que si nuestra deuda pública es tan elevada no es porque el gasto social o el público en general hayan sido muy grandes sino porque se renunció a que lo financiara el banco central, que puede hacerlo sin intereses. Es fácil deducir que si eso hubiera ocurrido, si el Estado español hubiera sido financiado en las mismas condiciones en que el Banco Central Europeo financia actualmente a la banca privada, la deuda pública española no sería superior al 100% del PIB sino que ni siquiera pasaría de la mitad.

Los economistas y políticos liberales enseguida me replicarían diciendo que estoy pidiendo que el banco central financie sin límite al Estado para que derroche. Pero no es eso lo que estoy planteando: he afirmado que soy partidario de que el gasto público sea eficiente y lo más austero posible, no ilimitado, y que se realice sin despilfarro y sin corrupción. Y lo cierto es que la deuda pública y, por tanto, el gasto público serían mucho más bajos si el banco central financiara correctamente a los Estados. Por el contrario, es la política neoliberal que concede a la banca privada el beneficio de financiar con dinero que crea de la nada y que genera artificialmente escasez de ingresos lo que aumenta la deuda, como mostré en mi anterior artículo ¿Quiénes son los adictos a la deuda?, publicado en este mismo diario.

Otra falsedad sobre el Estado de Bienestar consiste en afirmar que se benefician unos de él y lo pagan otros, de modo que genera un efecto de inequidad que, entre otras cosas, limita la libertad individual.

Dejaré a un lado el debate sobre la redistribución de ingresos que efectivamente genera el gasto social porque es una cuestión moral y sobre la que solo caben decisiones políticas que dependen de nuestras preferencias y no del análisis económico.

Pero sí hay que subrayar que se ha podido demostrar que los beneficiarios de los gastos del Estado de Bienestar contribuyen mediante sus impuestos a financiarlo incluso en mayor medida de lo que reciben. Los investigadores Anwar Shaikh y Ahmet Tonak han comprobado, para varios periodos de la economía estadounidense y de otros países, que el valor neto de las transferencias (es decir, el que queda una vez que se deducen los impuestos que pagan sus beneficiarios) ha sido negativo durante la mayoría de los años que han estudiado.

Finalmente, la mentira que hay detrás de los argumentos de Aznar y demás políticos neoliberales se demuestra si tomamos en cuenta los recursos con que se podría disponer para financiar el Estado de Bienestar. Valga un sencillo razonamiento.

El gasto que realizan anualmente todos los gobiernos del planeta es de unos 20 billones de dólares anuales.

Según el Banco de Pagos Internacionales, el volumen total de transacciones financieras en todo el mundo fue de unos 9.765 billones de dólares en 2015 (estoy hablando de millones de millones).

Por tanto, todo el gasto público mundial (no solo el destinado al bienestar) se podría financiar haciendo desaparecer TODOS  LOS IMPUESTOS QUE SE PAGAN EN EL MUNDO (este es el momento en que los economistas liberales deberían levantarse al unísono para hacer la ola a los economistas que hacemos esta propuesta) y estableciendo solo y simplemente una minúscula tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera. Ni un impuesto más.

Sé que el ejemplo es algo burdo porque me consta que las transacciones son complejas y que una medida de esta naturaleza requeriría medios y voluntad política hoy día inexistentes. Pero sirve para lo esencial, esto es, para demostrar que el problema básico al que se enfrenta el mantenimiento, no solo del Estado de Bienestar existente sino el de uno muchísimo más avanzado, no es la falta de recursos. Como también podría llegarse a la misma conclusión sobre la financiación del Estado de Bienestar en España: se podría financiar sin dificultad simplemente logrando que todos españoles y todas las empresas contribuyeran al fisco tal y como se establece en la Constitución española, de acuerdo con su capacidad económica y bajo los principios de igualdad y progresividad.

No hay falta de recursos, hay miseria de voluntades y una ideología anarco-capitalista con suficiente poder imponerse a base de mitos y falsedades.

 

 

Publicado el eldiario.es el 29 de mayo de 2017

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Acerca del Colaborador

Juan Torres Lopez

Nacido en Granada (España) en 1954, donde estudió el bachillerato. Está casado y es padre de tres hijos, María, Juan y Lina. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Málaga, carrera que estudió siempre como becario. Doctor en CC. Económicas y Empresariales desde 1981, dos años más tarde obtuvo la plaza de profesor Adjunto de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Granada. En octubre de 1984 se incorporó a la de Málaga como catedrático contratado, plaza que ocupó definitivamente como funcionario en diciembre de 1986 en el área de Economía Aplicada. Desde octubre de 2008 es catedrático en la Universidad de Sevilla en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política. Durante toda su vida académica ha combinado la actividad docente e investigadora con la gestión de asuntos universitarios como Director de Departamento, Vicedecano, Decano de la Facultad de Derecho y Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga. Ha ocupado también el cargo de Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía. Entre los libros de los que es autor destacan los manuales Economía Política (siete ediciones) e Introducción a la Economía. Otros de sus libros son Economía de la Comunicación de masas; La empresa industrial granadina; Análisis Económico del Derecho. Panorama doctrinal; Tecnologías de la Información. Impactos y usos sociales; Desigualdad y crisis económica. El reparto de la tarta (dos ediciones); Economía del delito y de las penas (con Alberto Montero); La Economía Andaluza; España va bien y el mundo tampoco; Neoliberalismo. Sociedad, trabajo y poder financiero; Toma el dinero y corre. La globalización neoliberal del dinero y las finanzas. También es autor de un manual de Economía y otro de Economía de la Empresa para bachilleres. Ha coordinado y dirigido libros colectivos como La otra cara de la política económica. España 1984-1994; Pensiones Públicas, ¿y mañana qué? y Venezuela a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana. Sobre la reciente crisis económica ha publicado La crisis financiera. Guía para entenderla y explicarla, con la colaboración de Alberto Garzón, un pequeño texto de divulgación también distribuido gratuitamente por la red en versión pdf, del que se han realizado docenas de miles de descargas y que ha llegado a tener cerca de 500.000 referencias en páginas web de todo el mundo. En 2010 publicó Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera, con Lina Gálvez Muñoz. Más tarde, La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?, con la colaboración de Alberto Garzón. Participó como coautor en el best seller Reacciona y también en ReaccionaDos. Más recientemente ha publicado con Vicenç Navarro y Alberto Garzón Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, con prólogo de Noam Chomsky, y Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del PP. Y, por último, Contra la crisis otra economía, otro modo de vida. Más tarde, con Vicenç Navarro ha escrito Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero y Lo que tienes que saber para que no te roben la pensión. Con Daniel Lacalle y Emilio Ontiveros ha escrito Hablando se entiende la gente. Un debate plural sobre la economía española que es una llamada al entendimiento y la colaboración más plural posible para poder resolver en paz los conflictos y problemas de la economía española. Su último libro, de momento, es El capitalismo en crisis. Del crac de 1929 a la actualidad. Además de estos libros, ha escrito capítulos en otros colectivos, numerosos artículos cientificos o ponencias en reuniones y congresos y cientos de artículos de divulgación económica o análisis político, además de haber impartido docencia en diversas universidades y docenas de seminarios y conferencias en todo tipo de foros. Ha dirigido nueve tesis doctorales y diversos proyectos de investigación. Es también colaborador de numerosas organizaciones no gubernamentales, de asociaciones ciudadanas, partidos políticos y de sindicatos. Es miembro del Consejo Científico de ATTAC España. Mantiene una página web (Ganas de Escribir: www.juantorreslopez.com) y colecciona los grafitis que fotografía en las paredes de las calles y los publica en el blog colecciondegrafitis.blogspot.com. Dirección de correo electrónico: juantorres@us.es Dirección postal: Departamento de Análisis Económico y Economía Política Facultad de CC. Económicas y Empresariales Avda. C/ Ramón y Cajal 1 41018 Sevilla (España)



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