Opinión

Publicado el marzo 18th, 2021 | Por Juan Torres Lopez

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Los privilegios que Europa dio a las grandes empresas hipotecan ahora su política energética

Vista de una central térmica de noche. EFE

Vista de una central térmica de noche. EFE

En el último siglo se han firmado 2.896 acuerdos internacionales de comercio e inversión (el recuento aquí). Como analicé en estas mismas páginas hace unos meses (Tratados indignos en tiempos de pandemia), todos ellos conceden a los inversores extranjeros un privilegio extraordinario: el derecho a demandar a los estados, en tribunales de arbitraje privados, para reclamar compensación si se consideran dañados por cualquier tipo de medida que tomen los gobiernos, y no solo por el dinero invertido sino también por las pérdidas de ganancias futuras.

Siempre que se suscriben este tipo de acuerdos, los gobiernos y los organismos internacionales afirman que están dirigidos a fomentar el libre comercio, a favorecer la inversión y a evitar el poder desmesurado de los gobiernos que frena el progreso económico. La realidad, sin embargo es otra muy distinta. Un buen número de estudios científicos, como el realizado por el International Institute for Sustainable Development en 2017 (aquí) demostraba que no hay evidencias empíricas que avalen esa hipótesis.

Una prueba del auténtico efecto que tienen ese tipo de acuerdos la proporciona lo que está ocurriendo con el Tratado sobre la Carta de la Energía que fue firmado en 1994 a iniciativa de las comunidades europeas.

Su objetivo formal era el de establecer y mejorar el marco jurídico para la cooperación en los asuntos energéticos fijados por la Carta Europea de la Energía y serviría como instrumento para la pomposamente llamada protección multilateral de la inversión y para proporcionar una regla general para la solución vinculante de las controversias internacionales. Lo que en realidad hay detrás de él y sus verdaderas consecuencias las estamos comprobando ahora claramente.

Desde que se firmó el acuerdo, muchas grandes empresas han invertido en fuentes de energía que han resultado ser muy dañinas para el medio ambiente, de modo que los gobiernos han tenido que establecer sin más remedio estrategias orientadas a sustituirlas lo más rápidamente posible.

Como consecuencia de estas políticas de transición energética que se van abriendo paso, las inversiones en la obtención o distribución de carbón, petróleo o gas se encuentran lógicamente amenazadas y muchas empresas han empezado a presentar demandas con los gobiernos acogiéndose a la Carta de la Energía.

En 2009, la empresa sueca Vattenfal reclamó 1.400 millones de euros al gobierno alemán por las pérdidas estimadas que le suponía la regulación más estricta de la industria del carbón y en 2011 volvió a hacerlo, reclamando una compensación que ya va por 6.100 millones de euros, al sentirse afectada por su política de eliminación gradual de la energía nuclear. Algo parecido ocurrió en 2015 cuando la compañía británica Rockhopper demandó al gobierno italiano por haberle negado una concesión para extraer petróleo en parajes turísticos de la costa del mar Adriático. En 2017, el gobierno francés elaboró un proyecto de ley para prohibir la extracción de combustible fósil a partir de 2030. Bastó una carta de un despacho de abogados advirtiendo de que el proyecto violaba el Tratado para que se cambiara el texto de la ley y, de momento, seguirá autorizándose hasta 2040. Y hace unos días, la empresa alemana RWE demandó al gobierno de Países Bajos por la pérdida de 1.400 millones de euros de “ganancias potenciales” debido a su decisión de eliminar el carbón como fuente del suministro eléctrico.

Son casos, entre otros, que todavía se pueden considerar aislados pero el problema radica en que, si la Unión Europea prosigue con su estrategia de transición energética y de acción contra la emergencia climática, no habrá más remedio que ir eliminando el negocio de las fuentes de energía fósil, lo cual producirá inevitablemente una pérdida enorme de beneficios a muchas empresas que podrán recurrir a los tribunales privados de arbitraje. Y la cantidad de dinero que puede estar en juego es astronómica.

Según un informe de Investigate Europe publicado el pasado día 23 (aquí), la infraestructura fósil de empresas susceptible de ser protegida por la Carta de la Energía tiene un valor de 344.600 millones de dólares en la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza (8.300 millones en España). Una cantidad, como indica el informe, que equivale a más de dos años del gasto total de la Comisión Europea, incluidos todos los paquetes de ayuda de Covid 19, todos los subsidios agrícolas y los fondos estructurales. Y eso, sin contar las ganancias que las empresas dejarían de percibir en el futuro y que podrían incluir en sus demandas.

La situación es incuestionable: mientras sigan vigentes los privilegios que ella misma concedió a las grandes empresas de la energía fósil, es imposible que se pueda llevar a cabo la política de transición que se propone llevar a cabo la Unión Europea.

Esos privilegios que concede la Carta de la Energía son hoy día incompatibles con la legislación y la política europeas en materia de inversiones y de acción climática y, por supuesto, con otros tratados de defensa del medio ambiente que la Unión Europea ha suscrito en los últimos años. Incluso la existencia de tribunales de arbitraje privados para dirimir conflictos en el seno de la Unión (el 74% de las disputas planteadas son entre empresas y gobiernos europeos) es algo que se puede poner claramente en cuestión.

La Comisión Europea y el Parlamento han manifestado en varias ocasiones que el acuerdo es obsoleto e insostenible pero lo cierto es que sigue ahí. Las propuestas de reforma no podrán salir adelante porque el Tratado requiere unanimidad para tomar decisiones, con la clara intención de hacer que los privilegios sean prácticamente inalterables. Y ni siquiera salir del Tratado, como hizo Italia en 2016, es algo completamente efectivo (aunque ciertamente protege en cierta medida) porque otra barbaridad que contempla en su cláusula de extinción es la de permitir que las empresas puedan demandar a un país hasta 20 años después de haberse retirado del tratado.

La Unión Europea dice que quiere limitar la emisión de CO2, impulsar la transición hacia el uso de energías verdes y combatir el cambio climático, pero sigue protegiendo con privilegios a las empresas más contaminantes y permite que estas los defiendan en tribunales secretos y claramente viciados a su favor por intereses particulares.

Y lo que es peor: incluso en el caso, de momento complicado y remoto, de que se pudieran eludir por completo las consecuencias del Tratado sobre la Carta de la Energía para que Europa pudiera poner en marcha la acción por el clima que dice pretender ¿qué ocurre con las demás docenas de tratados y acuerdos del mismo tipo que se han suscrito hasta ahora?

Como demuestra el caso que he comentado, las autoridades de la Unión Europea y nuestros representantes en el Parlamento Europeo están engañando a la gente: ponen una vela retórica a dios -diciéndole que trabajan para el bien común- y otra inmensa al diablo -cuando conceden privilegios desorbitados a las grandes empresas para que sus intereses particulares se impongan sobre los de toda la sociedad. Es imposible servir a ambos al mismo tiempo y los dirigentes y parlamentarios europeos lo saben perfectamente.

Si de verdad quisieran defender el bien común y los intereses de la mayoría de la sociedad, el bienestar social y el futuro del planeta, pondrían fin a esta locura. Harían revisar, con el mayor rigor y completa transparencia, las consecuencias reales que han tenido todos los acuerdos y tratados internacionales de comercio e inversión que ha suscrito, los denunciarían y pedirían responsabilidades.

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Acerca del Colaborador

Juan Torres Lopez

Nacido en Granada (España) en 1954, donde estudió el bachillerato. Está casado y es padre de tres hijos, María, Juan y Lina. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Málaga, carrera que estudió siempre como becario. Doctor en CC. Económicas y Empresariales desde 1981, dos años más tarde obtuvo la plaza de profesor Adjunto de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Granada. En octubre de 1984 se incorporó a la de Málaga como catedrático contratado, plaza que ocupó definitivamente como funcionario en diciembre de 1986 en el área de Economía Aplicada. Desde octubre de 2008 es catedrático en la Universidad de Sevilla en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política. Durante toda su vida académica ha combinado la actividad docente e investigadora con la gestión de asuntos universitarios como Director de Departamento, Vicedecano, Decano de la Facultad de Derecho y Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga. Ha ocupado también el cargo de Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía. Entre los libros de los que es autor destacan los manuales Economía Política (siete ediciones) e Introducción a la Economía. Otros de sus libros son Economía de la Comunicación de masas; La empresa industrial granadina; Análisis Económico del Derecho. Panorama doctrinal; Tecnologías de la Información. Impactos y usos sociales; Desigualdad y crisis económica. El reparto de la tarta (dos ediciones); Economía del delito y de las penas (con Alberto Montero); La Economía Andaluza; España va bien y el mundo tampoco; Neoliberalismo. Sociedad, trabajo y poder financiero; Toma el dinero y corre. La globalización neoliberal del dinero y las finanzas. También es autor de un manual de Economía y otro de Economía de la Empresa para bachilleres. Ha coordinado y dirigido libros colectivos como La otra cara de la política económica. España 1984-1994; Pensiones Públicas, ¿y mañana qué? y Venezuela a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana. Sobre la reciente crisis económica ha publicado La crisis financiera. Guía para entenderla y explicarla, con la colaboración de Alberto Garzón, un pequeño texto de divulgación también distribuido gratuitamente por la red en versión pdf, del que se han realizado docenas de miles de descargas y que ha llegado a tener cerca de 500.000 referencias en páginas web de todo el mundo. En 2010 publicó Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera, con Lina Gálvez Muñoz. Más tarde, La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?, con la colaboración de Alberto Garzón. Participó como coautor en el best seller Reacciona y también en ReaccionaDos. Más recientemente ha publicado con Vicenç Navarro y Alberto Garzón Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, con prólogo de Noam Chomsky, y Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del PP. Y, por último, Contra la crisis otra economía, otro modo de vida. Más tarde, con Vicenç Navarro ha escrito Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero y Lo que tienes que saber para que no te roben la pensión. Con Daniel Lacalle y Emilio Ontiveros ha escrito Hablando se entiende la gente. Un debate plural sobre la economía española que es una llamada al entendimiento y la colaboración más plural posible para poder resolver en paz los conflictos y problemas de la economía española. Su último libro, de momento, es El capitalismo en crisis. Del crac de 1929 a la actualidad. Además de estos libros, ha escrito capítulos en otros colectivos, numerosos artículos cientificos o ponencias en reuniones y congresos y cientos de artículos de divulgación económica o análisis político, además de haber impartido docencia en diversas universidades y docenas de seminarios y conferencias en todo tipo de foros. Ha dirigido nueve tesis doctorales y diversos proyectos de investigación. Es también colaborador de numerosas organizaciones no gubernamentales, de asociaciones ciudadanas, partidos políticos y de sindicatos. Es miembro del Consejo Científico de ATTAC España. Mantiene una página web (Ganas de Escribir: www.juantorreslopez.com) y colecciona los grafitis que fotografía en las paredes de las calles y los publica en el blog colecciondegrafitis.blogspot.com. Dirección de correo electrónico: juantorres@us.es Dirección postal: Departamento de Análisis Económico y Economía Política Facultad de CC. Económicas y Empresariales Avda. C/ Ramón y Cajal 1 41018 Sevilla (España)



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