Opinión

Publicado el febrero 10th, 2018 | Por Domingo Sanz

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¿Reformar la Ley Electoral ahora?

Este país no hay quien lo entienda. Estaba yo tan tranquilo redactando el manual de instrucciones para desinstalar el viejo sistema que restauraron a lo bestia el día 22 de julio de 1969, unos tiempos en los que ni siquiera había ordenadores personales, cuando van dos jóvenes recién emergidos pero que hasta ayer no se soportaban, o todo es teatro mientras asistimos a la fuerza y pagando caro.

El caso es que uno se llama Pablo y va en busca de portadas y el otro, Albert, quizás arriesga por encima de sus posibilidades poniendo la intuición a calcular. Entre ambos me han robado la madrugada para hacerme pensar en un más difícil todavía: la propuesta que quieren hacer, en comandita, a la mayoría parlamentaria para que comience a suicidarse como tal. Preferiría seguir con mi manual, sobre el que volveré al final, pero ahora manda la actualidad.

Siempre a favor de las minorías y de la ecuación que dice que “misma cosa/mismo valor = 1” o, lo que es lo mismo, a todo voto le debe corresponder el mismo trozo de poder parlamentario tanto en directo como en diferido, lo cierto es que me suena bien la música que componen los reconciliados. Pero toda vez que a su causa no le veo con esta correlación de fuerzas un futuro en el que merezca la pena gastar tiempo, decido tirar a la papelera tertulias, artículos y demás especulaciones sobre resultados de las urnas con normativas diferentes, d’Hondt o no d’Hondt, y, sin salir de la urna para no parecer impertinente, haré referencia a algunas de las trampas que alteraron la aplicación de la Ley Electoral, tal como ha pasado y seguirá pasando con cualquier ley que se precie. Por si les sirve de algo.

Desde luego, la más dañina de todas ha sido y sigue siendo la corrupción, empleada a mansalva para robar gobiernos alterando las decisiones políticas y secretas que deben tomar los votantes durante las once horas que suelen durar las denominadas “fiestas de la democracia”. El procedimiento, ya se sabe, consiste en robar dinero desde los gobiernos y durante mucho tiempo mediante facturas infladas, o directamente falsas pero de las que pagamos nosotros, para destinarlo después fuera de la ley a las campañas electorales de las candidaturas cómplices de la organización delincuente. Más que la Ley Electoral quizás deben reformar el Código Penal. Por si acaso, aconsejaré a los reformistas que echen un vistazo al ejemplo que nos ofrecen los nuevos gobiernos de Illes Balears y País Valenciá: están exigiendo al PP la devolución de 200.000.- y 1.000.000.- € respectivamente o, de lo contrario, quizás les podrían bloquear a los de Rajoy las subvenciones por votos y escaños que consigan en futuras elecciones.

En otro orden, y sea cual sea la Ley Electoral que rija, la tentación de manipulación de los censos electorales también puede decidir contra la ecuación que decía. Pondré tres ejemplos.

En 1999 se celebraron elecciones autonómicas. A partir de la falsificación del examen de una candidata para realizar traducciones de ruso, la Guardia Civil terminó denominando Operación MAPAU a lo que fue una manipulación del censo CERA de los residentes en Argentina realizada por el PP en época del ministro y delincuente Matas, que tampoco estuvo en la cárcel por ello. Por cierto, que los 200.000.- € que el Govern Balear le reclama al PP tampoco tienen nada que ver con MAPAU, pues corresponden a delitos electorales cometidos en urnas posteriores.

Otro caso. Este requiere una investigación de largo recorrido, ideal para tesis doctorales y trabajos similares que entren a fondo en el INE y en otros organismos públicos que dispongan de información demográfica. En el año 2000, Aznar consiguió para el PP su primera mayoría absoluta. Ese año fue el único en el que la proporción del censo electoral sobre el total de la población española superaría el 85%. De todos los demás, en el anterior y en el posterior ese porcentaje se situó en torno al 80%. El resto de años electorales los porcentajes variaron entre el 65 y el 80%. En este caso no prejuzgo ningún delito, solo pido que se investigue el incomprensible punto de inflexión del año 2000. Por ejemplo, ¿fue casualidad que la manipulación MAPAU de los censos se produjera un año antes?

Por último, para no alargar más este artículo, un hecho también real, pero más cercano. En las elecciones del 20D de 2015 se descubrieron nuevos descuadres en los censos CERA publicados por el Ministerio del Interior, esta vez en las circunscripciones electorales de Castilla León pero, sospechosamente, no todos con la misma pauta. Gracias a la presión ejercida por Convocatoria Cívica el 7 de octubre de 2016, es decir, casi trescientos días después de celebradas las elecciones que dieron lugar a la legislatura fallida, y no miro a nadie, el ministro se vio obligado a emitir un comunicado reconociendo “errores” que arregló en menos de 24 horas, aunque nunca se dignó a dar explicaciones. ¿Hubiera quedado todo eso sin investigar si “alguien” hubiera ayudado a sacar al PP del Gobierno el día 4 de marzo de 2016? De momento tendremos que esperar.

Sobre este último caso, le propongo dos entretenimientos.

El primero requiere tiempo y hoja de cálculo. Como ante el Ministerio solo se denunciaron los descuadres en Castilla-León, los responsables de la pifia, o quizás encubridores del delito, se limitaron a arreglar únicamente eso, por lo que siguen en la web algunos números falsos, correspondientes a esas elecciones y también a otras. Así de chapuceros son algunos de los que nos gobiernan.

El segundo le ocupará un minuto y puede que sirva de algo, sobre todo si los antes citados Pablo, Albert, y también otros importantes decidieran sumarse, aunque solo sea por vergüenza. Para ello tiene usted que acceder aquí y añadir su firma, es Change,  a las más de 17.000 que ya piden una auditoría externa de la información electoral que ofrece el Ministerio del Interior en su página de Internet.

Para ir terminando regresaré al principio. En momentos como el presente las actuaciones más eficaces son las que aciertan en el punto débil del adversario. La desinstalación de la Monarquía, en cuyo manual de instrucciones andaba yo trabajando, me parece la única estrategia realista, potente y, por supuesto, pacífica y hasta festiva, para conseguir las reformas que Albert y Pablo reclaman. Mientras tanto, me temo que seguiremos haciendo pan de supermercado con hostias de las del Vaticano.

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Acerca del Colaborador

Domingo Sanz

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid.



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