Opinión

Publicado el agosto 27th, 2018 | Por Domingo Sanz

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Tercer momento histórico para una monarquía sin futuro.

En países como España, o quizás precisamente en un país por tantos motivos único en el mundo como España, los cambios a mejor con los que durante decenios sueñan millones porque parecen imposibles se convierten, de repente, en indiscutibles e imparables, aunque después nunca salgan tal como se desean. No es extraño que esos momentos de cambio exciten las mejores imaginaciones y den lugar a placeres colectivos que hasta disfrutaron los que hoy se apuntan otra vez al equipo de meter miedo, cosa que les ocurre, probablemente, porque la libertad duradera termina arañando el “espíritu nacional” grabado en sus ADN’s. Los que tenemos una edad nos equivocamos con muchas de las cosas que ocurrieron, y también cuando pensamos que nunca se crisparían las carcajadas de algunos de los que, jóvenes, optimistas y amigos todos, compartieron con nosotros gozadas como “La escopeta nacional”. Por ejemplo.

Pero no huyamos del título, que es lo que nos compromete con usted durante los próximos minutos, pocos. Ocurrió, hace casi 90 años, que unas simples elecciones de alcaldes y concejales, pacíficas por supuesto, consiguieron que cambiara la forma política del Estado, facilitando el propio rey de entonces aquella transición al darse cuenta de que podía ser factor de división y conflicto y, por tanto, decidió desaparecer de la escena. Sin problemas. Otra cosa fue lo que siguieron tramando aquellos a los que no les gustaba el nuevo panorama, tan republicano.

Ocurrió también, hace poco más de 40 años, que la muerte no violenta de un viejo golpista, que llevaba años chocheando autoritariamente, fue lo único que provocó que, de repente, hasta el penúltimo cómplice de sus infamias y crímenes se subiera al carro de una democracia atada, pero nueva y, sobre todo, inevitable. Pero en esta ocasión el rey, ya padre del actual pero entonces joven, ambicioso y recién nombrado por el dictador, no hizo nada para darle una oportunidad a la legalidad asesinada. No en vano, sin tal crimen él no habría sido casi nadie. Bien al contrario, maniobró todo lo que pudo para blindarse, forzando la dimisión de la única persona que podía hablarle de tú a tú, porque era quién le había asegurado el lujo y los excesos que después se pudo permitir sin descanso. Aún vive quien todo se lo debe a Suárez, un presidente que, como sabía que saldría “República”, impidió la celebración de un referéndum sobre la forma de Estado que pusiera en riesgo la Corona de quien lo nombró: Juan Carlos I, Borbón y mil veces deshonesto.

Aquella gran distancia entre la voluntad popular silenciada y el comportamiento de los líderes políticos, todos sin excepción, que se fraguó durante la Primera Transición, se consolidó con la deuda impagable que Felipe González y el PSOE contrajeron con aquel rey que traicionó a Suárez y se apuntó al fracaso del 23F, pero solo a partir del momento en que ya no podía triunfar. Este chantaje político, fatal para el progreso de la democracia y permanente, construido con verdades inconfesables y compartidas por una élite mínima es lo que ha envenenado los decenios de un bipartidismo que solo podía ser corrupto y que ha desembocado en este momento histórico, el tercero clave para una Monarquía imposible.

¿Ocurrirá ahora que alguno, o varios, de los nuevos e importantes conflictos que se mantienen vivos, y crecientes, pueda precipitar el final de una Monarquía que muy pocos cuestionaban activamente, pero que tampoco nadie ha defendido nunca con elocuencia? Ni ahora, ni antes, esta institución ha contado con el apoyo de una mayoría social indiscutible, condición “sine qua non” para no dividir. En cambio, su existencia en España siempre ha implicado cierta dosis de violencia. Pero en este país tan distinto, igual que hay quienes dicen que esto está resuelto desde el referéndum de la Constitución en 1978, podrían aparecer incluso los que se atrevan a defender que cada vez que alguien vota en cualquiera de las elecciones que se celebran está diciendo sí a la Monarquía. La osadía demagógica de algunos políticos nunca conocerá medida, pero hasta el último español sabe, por poner otro ejemplo, que la participación de los partidos independentistas, incluida la CUP, en unas elecciones autonómicas catalanas en estado de excepción modelo 155, no quita ni un solo ápice a su voluntad de construir una República.

Si algo diferencia a los políticos de firmes convicciones democráticas del resto es que limitan su estrategia para llegar al gobierno a lo que puedan conseguir con las mayorías parlamentarias que nazcan de las urnas, renunciando a orquestar maniobras desde otros poderes del Estado con gran capacidad de presión sobre el Ejecutivo. Por eso, para ayudar a diferenciar a los demócratas del resto de los políticos, ha dado en el clavo lo último que le hemos leído a Carlos Hernández, cuyo título, sin duda compartido intuitivamente por millones de personas, dice: “PP y Ciudadanos: el brazo político de Franco”. ¿Como no afirmarlo, si ni Casado ni Rivera han dicho nada en defensa de la democracia y contra los militares franquistas y, además, defienden ahora al Llarena de sus incompatibles declaraciones privadas con el principal de los asuntos judiciales que tiene en su propia cartera?

Las preocupantes derivadas del conflicto que está poniendo en cuestión hasta la estabilidad de la geografía política en la península ibérica, heredadas del Gobierno Rajoy, constituyen también una extraordinaria oportunidad para enviar a los libros de historia los peligros de retroceso político que agarrotan la acción del gobierno. Pero hay que ser muy valiente.

Mucho le está costando al equipo de Sánchez limitarse a aplicar la legalidad vigente, pero superada por los tiempos y la crisis, para doblegar a unos particulares, llámense prior del Valle de los Caídos o familia de un dictador que les hizo millonarios con su violencia selectiva. Más difícil todavía le será resistir los ataques que está recibiendo desde lo más rancio de la milicia y de la judicatura con unos argumentos, la honorabilidad de Franco o los desvaríos de Llarena, que nadie, por vergüenza ajena, se atrevería ni a insinuar.

Hay dos motivos evidentes por los que Felipe VI debería renunciar a su función institucional y facilitar un futuro tan inevitable como lo fueron la república del 31 o el cambio político del 77.

Por una parte, cada día resulta más preocupante que el propio rey, que tanto defiende la unidad de España, siendo plenamente consciente de que la monarquía es el único obstáculo insalvable para que la tal unidad se mantenga con los de la otra orilla del Ebro, no tome la iniciativa y comunique al Congreso de los Diputados su renuncia definitiva. Más teniendo en cuenta que, tras 40 años de monarquía, es indiscutible el fracaso absoluto de esa institución a la hora de mantener la unidad en libertad, es decir, excluyendo una violencia en España que hoy sería menos aceptable por Europa que una república independiente en Catalunya.

Por otra parte, un rey que salió por TV a las órdenes de un Gobierno hoy derrotado, para amenazar a los catalanes que votaban en paz para saber cuántos querían largarse de España debería haber salido, también por TV, para echar una mano al Gobierno vigente condenando la declaración franquista firmada por 181 militares, que ya son más de 700, con incorporaciones que no paran como la de Luis Alejandre, un ex muy importante del momento Aznar. Sujetos que le encontraron el gusto a las armas y a esa obediencia debida que tanto crimen disculpa, mucho más peligroso cada uno de ellos, para la paz y la democracia, que todos los republicanos catalanes juntos.

Salvo que el sorprendente Sánchez consiga del Rey que abandone por decencia, lo que permitiría gestionar en paz la implantación de una república normal en España, resulta tan imposible imaginar que la derecha españolista, y muchos del PSOE, puedan aceptar la celebración de un referéndum sobre la forma de Estado, como que los catalanes dejen de votar lo suficiente a sus independentistas como para que no puedan formar gobierno en Catalunya.

Y a Felipe VI, por si sabía algo de los 181 antes de que saliera a la luz el documento, recordarle, y aquello fue un juego de niños, que ya tuvo que romper públicamente su amistad con el “compi yogui” de Leticia. Porque en libertad todo se termina sabiendo, y solo se salvan los delincuentes a quienes el paso del tiempo les concede suerte. Mientras tanto, puede elegir entre largarse ya, con cierta dignidad, o en un futuro cada vez más cercano, pero por la puerta de atrás.

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Acerca del Colaborador

Domingo Sanz

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid.



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