Opinión

Publicado el junio 19th, 2020 | Por Ignacio Trillo

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TRAS EL FRACASO DEL ASALTO DE LA MONCLOA, ¿QUÉ?

Preámbulo

Tras la carta (Ver aquí. CARTA ABIERTA A LA ILMA. SEÑORA JUEZ INSTRUCTORA DEL CASO “ASALTO A LA MONCLOA A TRAVÉS DEL `COVID-8-M-20”

Remitida a la señora magistrada del juzgado de lo Penal 51 de Madrid, doña Carmen Rodríguez-Medel, solicitando el archivo de las diligencias que abrió el pasado 23 de marzo contra el delegado del Gobierno en Madrid, don José Manuel Franco Pardo, por no haber prohibido por razones sanitarias la manifestación del 8-M, día de la mujer trabajadora, se hacía necesario, una vez atendida la petición, una segunda parte pero, aparte de explicar las claves para ese punto y final judicial, de cara a dar un repaso también a los graves acontecimientos que paralelamente se han venido sucediendo en una clara y manifiesta estrategia de tensión y desestabilización política tendente al asalto a la Moncloa por parte de la oposición de derecha aprovechando la tragedia nacional por esta inédita y horrible pandemia gripal. 

TRAS EL FRACASO DEL ASALTO DE LA MONCLOA, ¿QUÉ?

EL 8-M NO ES LA COVID-19, COMO EL 11-M NO FUE ETA

1.- INTRODUCCIÓN

La magistrada, doña Carmen Meléndez-Medel, titular del tribunal de lo penal número 51 de la madrileña plaza de Castilla, procedió, el viernes 12 de junio, al archivo de la investigación que llevaba abierta y puesta en marcha desde el 23 de marzo contra el Gobierno de España, en la persona de su delegado en Madrid por mor de la zarandeada manifestación del 8-M.

Lo efectuaba porque ya no veía indicios de delito -como ningún otro ser racional se había percatado antes sin tener que estudiar Derecho, opositar a la judicatura ni sacar plaza de tribunales-  en los falsos hechos atribuidos en sus propias diligencias para imputar al delegado del Gobierno en Madrid, cambiando sobre la marcha el presunto delito, de daños graves al de prevaricación por omisión, figura además bien cuestionada en la jurisprudencia para que le sea de aplicación el Código Penal.

Asistimos al fin, por tanto, tras 16 años, a cerrar otra página bochornosa de la historia de España que por su descaro figurará igualmente incluida en sus anales. En este caso, con aporte no exclusivo político, también con contribución judicial, y sin olvidar la desvergonzada trama mediática que la ha acompañado.

El bulo de los guantes morados usados por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y por la exministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, por “miedo a contraer el coronavirus”, según se ha dicho, en la manifestación transcurrida el 8-M. En una de las denuncias como se observa en el tuit de la izquierda, se habla de guantes de nitrilo cuando son de látex, típicos para proteger las manos de los detergentes. Rafael Hernando, ese bocazas que fue portavoz del PP en el Congreso de Diputados, llega a pedir en el tuit de la derecha, explicaciones a Pedro Sánchez por esos guantes ya que era la prueba más que fehaciente de que las ministras lo sabían todo sobre la pandemia e iban protegidas, no dice nada de que se les olvidaran las mascarillas, en tanto el resto de personas, al no ser avisadas, tal vez irían con destino al cementerio. Nadie de esta derecha tan poco acostumbrada a este tipo de manifestaciones se percató sin embargo a que las llevaban todos los años como simbología feminista. Tampoco su brazo mediático, la COPE de los obispos, donde Carlos Herrera estuvo azuzando durante días a sus feligreses con esta patraña. Y lo más increíble de todo es que la unidad “patriótica” de la guardia civil lo incluyera en su primer informe plagado de errores y manipulaciones remitido el mes de mayo a la juez, doña Carmen Rodríguez-Medel, como demostración palpable de que el delegado del Gobierno en Madrid lo sabía todo y permitió la manifestación, a pesar de que ya llevaba dos meses calificado de bulo por las agencias de verificación la intención que perseguía el uso de esos guantes en la manifestación del 8-M no para protegerse del Covid-19 sino como símbolo feminista. 

Si costó entender que la derecha política con su caterva “periodística” se metiera antaño en el fango de su patrañera cruz que lellevó a la tumba: “El 11-M es ETA”, en este inoportuno momento con una trágica pandemia mundial que nos venía azotando, resulta aún más inverosímil que lo haya superado, revolviéndose en el machista lodazal, de: “El 8-M es Covid-19”, como causa para ir al degüello del Gobierno, a la vez que para tirarse piedras sobre su propio tejado cuando la mayoría del cuerpo electoral son mujeres.

Al parecer, no escarmentaron suficientemente de aquel marzo del 2004 cuyas mentiras le llevaron a la oposición.

El criminal atentado, el mayor de la historia de España, perpetrado por yihadistas contra los trenes de Madrid el 11 de marzo de 2004 como venganza por la participación del Gobierno de Aznar en la invasión y guerra de Irak, que se cobró la vida de 192 personas inocentes muertas y otras 2.000 heridas con secuelas para todas sus vidas. Desde que tuvo lugar el horrendo crimen, José María Aznar lo tuvo claro sin prueba alguna: ha sido ETA, haciendo llamadas telefónicas a los directores de medios para informarles que había sido ETA. También la representante del Gobierno en NNUU, la exministra Ana Isabel de Palacio y del Valle Lersundi lo comunicaba a los demás países del hemisferio. En tanto ETA y sus allegados abertzales en el País Vasco lo negaban. No obstante, Ángel Acebes, entonces ministro del Interior, comparecía para decir lo mismo y que no hubiera dudas: ha sido ETA. Incluso, cuando la policía que investigaba le informó de la localización de una furgoneta con cinta del Corán, y una bolsa con una bomba desactivada siendo los explosivos distintos a los de la banda terrorista. En cambio el juez, ante las pruebas de la policía, anunció la detención de cinco personas por los atentados, sin vinculación alguna con ETA y sí con el yihadismo islámico. El diario El Mundo, que volvió a jugar el papel de mamporrero de esa campaña estercolera, como antes lo fue contra Felipe González y hoy contra el Gobierno de coalición y contra el 8-M, publicaba una entrevista con el candidato del PP a las elecciones generales que iban a tener lugar, Mariano Rajoy, en la que aseguraba tener “la convicción moral” de que el atentado había sido cosa de ETA. La gran mentira no coló y el PP perdió las elecciones, ganándolas Zapatero. El PP nunca lo asumiría. Va en sus genes cuando pierde el poder. Lo considera de su exclusiva propiedad. Y el diario El Mundo, hecho que no sucedería en ningún país europeo por la pérdida más absoluta de credibilidad como fuente de información, siguió con la inventada conspiración etarra, sobreviviendo como libelo hasta nuestros días para seguir sumándose a nuevas causas basuras. 

Y no será porque en ese interregno de más de tres lustros, y con anterioridad, a la derecha no le sucedieran otros disparates de grueso calibre para que de sus erróneas respuestas hubiera escarmentado, episodios célebres de lo más esperpénticos que ofenden la más elemental inteligencia humana, pero para no extender esta entrada con su detalle, lo reservo para un siguiente capítulo que será monográfico sobre este otro virus tóxico que como un mal estructural de nuestro sistema político, mientras cuente con apoyos por una parte del cuerpo electoral, que viene de atrás, cuando los siete exministros del franquismo lo fundaron y seguramente en adelante tendremos pacientemente que seguir aguantándolo, al menos en un futuro inmediato.

EL CASO DEL 8-M 

1.- Estrategia política de la derecha

Una vez que se constituyó el pasado mes de enero lo que la derecha agreste definió como un Gobierno, social-comunista-venezolano-bolivariano, presidido por Pedro Sánchez, con nulo talante democrática y falta de respeto a la mayoría del Congreso de Diputados, le faltó tiempo para tirarse a su yugular.

Rescató las peores esencias desestabilizadoras en lo que son especialistas, acompañados, como no, de su famiglia mediática, dejando marcar, en esta ocasión, la dirección de la orquesta en la emisión de la pieza ruidosa de confrontación y crispación, y para sus conexiones sinfónicas con homónimos internacionales de la misma calaña, a quien no andaba en desiertos remotos ni en montañas lejanas, sino, antes y después de saltarse el confinamiento en la urbanización de Guadalmina (Marbella), presente en la sede de FAES en Madrid: Míster Ansar, el embajador antaño de George Bush y actualmente de Donal Trump en España.

Pablo Casado frente al espejo de José María Aznar, autor “intelectual” de la conspiración desestabilizadora, con el que no solo se ve retratado delante del espejo sino que además se confiesa diariamente. Míster Married frente a Míster Ansar, parafraseando el conocimiento que de ambos se tiene en los EEUU.

Y qué mejor, en esa vocación necrófaga tradicional que caracteriza al PP con antecedentes carroñeros centrados en las víctimas del terrorismo etarra, hacer política ahora por igual con los fallecidos durante la pandemia.

La táctica, bien conocida, aunque única en Europa por parte de la oposición democrática a sus gobiernos. No dar tregua, pan ni agua al adversario político con sede presidencial en la Moncloa. Nada de pactar ni negociar acuerdos, menos echar una mano o plantear propuestas positivas que fueran más allá y con muchas prisas en el momento más alto de la pandemia, no cuando concluyera, de vestirse de luto, celebrar misas de Estado y colocar banderas a media asta quizás para deprimir aún más a la ciudadanía y ofrecer una imagen funeraria de España en el exterior.

Lo que pretendían para España con tal descaro sino ha servido para que se vieran retratados. Pablo Casado y su segundo de abordo, Teodoro García Egea, que fuera bautizado en el Congreso de Diputados como “el cacatúa” por no dejar hablar desde su escaño, lanzando permanentemente improperios a los portavoces de otras formaciones políticas cuando intervenían y no le interesaba que se escucharan los reproches al PP por su irresponsable posicionamiento. 

Solo esperaban del recién constituido Gobierno su caída, bien por el Covid-19 o por la crisis económica desencadenada por la inactividad productiva a consecuencia del obligado confinamiento con cierre de las fronteras y aeropuertos.

Pero nada de que se desplomase por sí mismo, sino, para sacar futuro rédito electoral, como consecuencia de una presión permanente, descalificadora y deslegitimadora en una estrategia de tensión que llegase al límite de la desestabilización del Estado, como sucedió en el periodo 1993-1996, –“¡váyase señor González!”– aunque parezca olvidado por el expresidente socialista que lo padeció y que por el contrario al día de hoy juega el patético papel de un jarrón chino puesto a disposición de la derecha para que cisque sus mezquindades.

Felipe González perdiendo fuelle de su antaño papel de estadista echando una mano en estos momentos críticos a los desestabilizadores de turno, con la descalificación del Gobierno de coalición que preside Sánchez al que define como “El camarote de los hermanos Marx”, teniendo que hacer frente a una pandemia inédita a lo que a él afortunadamente no le tocó, aunque si sufriera en su última etapa gubernamental la misma ira política-mediática que lo echó de la Moncloa. Aquí en la imagen de su triunfo histórico en 1982 y más actualmente de relax sobre otro camarote ya como olvidadizo de ese pasado en el nuevo papel de jarrón chino. 

¡Quién lo vio en 1982 y lo observa con pesadumbre en la actualidad! Nada que ver.

Esta estrategia de la derecha por tanto no es nueva y lleva al mismo puerto que ya aventuró el exministro de Hacienda, Cristóbal Montero, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, cuando se hallaba en la oposición a ZP y el jienense era coordinador del PP en Economía y Empleo: mientras peor, mejor para nosotros, “ya regresaremos al Gobierno para arreglarlo”.

Por tanto, su guión de argumentario a lanzar contra los inquilinos de la Moncloa sobre esta pandemia estaba claro:

“Se tomaron muy tarde las medidas de confinamiento por el Gobierno social-comunista y por ello han muerto tantos españoles”.

Sus huestes debían gritar: “¡Gobierno criminal!”, “¡Gobierno Dimisión!”“¡Pedro Sánchez y El Coletas, asesinos!”.

3 de mayo 2020. La sede del PSOE en Córdoba amanece con la pintada, “Asesino Pedro”. Se pueden imaginar su autoría sin tener que ser un sabio

Pero en el caso de que se hubieran puesto en marcha antes las medidas de confinamiento, también habría habido contestación en la dirección: “El Gobierno bolivariano se carga la economía y las empresas para socializar la miseria como en Venezuela”.

Como cuando se suspendió por miedo al Coronavirus, la “Mobile World Congress”, la feria internacional de telefonía móvil más importante del mundo que se iba a celebrar como en años anteriores en Barcelona a final de febrero y principios de marzo, y Pablo Casado lo tildó de desacertada e infundada la alarma que iba a representar, mermas de ingresos y empleos para España.

Otras consignas a repetir hasta la saciedad: “Las cifras que ofrecen el Ministerio de Sanidad de muertos por el Coronavirus son falsas”, “El Gobierno oculta las cifras reales para que los españoles no se les echen encima y tenga que irse”; aunque la estadística sea fruto igualmente de los datos que proporcionan las CCAA donde gobierna el PP, por tanto fáciles de contrastar.

Casado falso informe australiano covid-19

22.04.2020. Pablo Casado haciendo gala en el Pleno del Congreso de Diputados de haber descubierto el Mediterráneo para atacar al Gobierno con unos folios en sus manos a la vez que hacía mención que hasta en Australia los científicos y sanitarios habían puesto a la luz un estudio que presentaba a España como el peor país del mundo en gestionar la batalla contra la pandemia. Como la mentira tiene las patas muy cortos, se demostró de inmediato que el informe ni era científico ni sanitario sino producto de una elocubración de un contable de ese continente sin ninguna experiencia en salud pública o gestión sanitaria y que no tenía no idea de cómo se había hecho frente en España.

“La gestión de Sánchez es la peor del mundo y hasta los informes científicos de Australia así lo certifican”, con un osado y desmasterizado Pablo Casado, manifestándolo en el hemiciclo durante el Pleno del Congreso de Diputado convocado para prorrogar el estado de alerta en uno de sus célebres ridículos.

Fue público y notorio que, por el contrario, había sido elaborado por un profano en materia sanitaria que trabaja en Australia de contable sin haberse leído nada sobre la pandemia en España.

La prensa de la conspiración haciendo alardes en sus portadas del famoso informe-cantinflero australiano y la Cadena Ser, como otros medios hicieron, desmontando el bulo.

Pero daba igual, ya había salido en grandes titulares en las portadas de la prensa coral que es lo que interesaba y Pablo Casado lo había amplificado, sin asegurarse su autenticidad, en su agria y tóxica intervención en el Pleno de Diputados.

2.-La gestión de las residencias de ancianos

Los bulos que fueron lanzados y siguen al día de hoy adscribiendo las residencias de la tercera edad en manos del vicepresidente del Gobierno, Pablo iglesias, al objeto de criminalizarle por el desastre que estaba sucediendo en los interiores de muchas de ellas por la nefasta gestión de algunas comunidades autónomas.  

En la misma línea, proseguía la traca manipuladora. Posteriormente, cuando empezaron a infestarse los centros de internos de ancianos con: “Pablo Iglesias es el responsable de las muertes en las residencias de mayores”, aunque esta competencia siempre permaneció en manos de las comunidades autonómicas y así se explicitó en el decreto del estado de alarma.

Hasta el día de hoy sabemos incluso, porque ha salido a la luz pública, el cruce de emails y comunicaciones que con enorme reyerta se dirigíeron, o más bien se atizaron, tanto el PP como Cs, los socios del gobierno autonómico de Madrid, por la inhumana instrucción impartida durante el punto alto de la pandemia, día 23 de marzo, justo el día que para más inri la juez, Rodríguez-Medel, abría diligencias por el “caso 8-M”, no acerca de que no se hospitalizaran a ancianos de esas residencias porque de todas formas iban a morir, excepto a los que tuvieran seguros particulares que se podían desviar a los centros sanitarios privados, etc, etc.

Información que ponían de manifiesto las instrucciones de la consejería de Salud del Gobierno autonómico de madrid que preside la señora Díaz Ayuso, así como referencia al BOE que no dice que con el estado de alarma la gestión quedara en mamos del Estado. 

Es obvio, si no tenían esta competencia las comunidades autónomas, ¿cómo hacía y deshacía a capricho el gobierno de la señora Ayuso lo que había que hacer con esos internos, mandando o impidiendo la llegada de ambulancias del SAMUR a esas residencias a pesar de que lanzaban SOS sin parar porque se les estaban muriendo personas mayores sin la más mínima asistencia sanitaria?

¿Cómo es posible que la señora Ayuso comunicara al Gobierno de la nación, en los primeros momentos de la pandemia, que la UME no entrara en las residencias de la tercera edad madrileñas para desinfectarlas porque los militares no estaban preparados, encontrándose cuando accedieron el dantesco panorama de ancianos muertos junto a otros con vida y en algunos casos sin la presencia del personal que los atendía porque habían huido ante el pánico de que pudieran verse infestados por el virus al estar totalmente desamparados sin que nadie hiciera caso a sus llamadas y no habérseles dotados por la comunidad autónoma de los materiales de autoprotección necesarios?

carta comunidad de madrid covid

Carta del Director de la Residencia de ancianos, “La Purísima de Madrid”, publicada por el diario Infolibre donde comunica, se lee en la última línea: “Los pacientes con sospechas de estar contagiados no son derivables a hospital por critero de las autoridades”. Ocurrió incluso antes de que la Consejería de Salud del gobierno de la señora Ayuso comunicara por escrito esa instrucción con fecha de 23 de marzo.

Diversas actas levantadas por la policía municipal del ayuntamiento de Madrid donde se denuncian episodios dantescos como contagiados alojados con mayores sanos y cadáveres sin recoger y sin ser retirados durante horas que sucedían en el interior de las residencias de la tercera edad madrileñas, partes que no fueron dirigidos al ministerio de Sanidad sino a la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma, competente en la materia, sin respuesta y sin que las ambulancias acudíeran a prestar socorro: “Sugieren abandono de las instituciones” En tanto, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, escribia a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad por el PP, porque había conocido un protocolo inhumano y atentatoria a la ética, procedente de su departamento para que 22 hospitales de la región seleccionaran qué ancianos de residencias de mayores había que admitir y así evitar un colapso de sus instalaciones, mientras llovían noticias sobre cadáveres sin retirar en los geriátricos.

¿Es porque ya la señora Ayuso lo sabía y quería ganar tiempo para retirar los cadáveres antes de que se personara la Unidad Militar de Emergencia? ¿Por que ha tardado tanto el gobierno de la señora Ayuso en proporcionar al Ministerio el dato desglosado de los ancianos muertos en residencias del total de fallecidos?

Demasiado burdo, incluso para que la sigan manteniendo a la hora que escribo, cuando el propio Feijóo, que pretende ganar holgadamente en Galicia para tomar posteriormente posesión en Génova de la dirección del PP, sustituyendo al cafre de Pablo Casado, ha desmentido a sus propios colegas autonómicos de partido de Madrid para que no vayan por ahí porque nunca dejaron de tener los gobiernos autonómicos las competencias de las residencias de mayores.

En la Comunidad de Madrid, cuyo presupuesto autonómico de este año es inferior en un 15% al que se destinaba para las residencias de mayores en el año 2012, a 15 de junio llevan fallecidos en estos centros por coronavirus, 6000 ancianos frente a 8700 que representa el total de muertes.

Quizás va a ser el único caso que vaya a tener recorrido judicial, como consecuencia de las gravísimas negligencias o tomas de decisiones que rayan en delitos muy graves y que podrían afectar tanto a gobernantes autonómicos así como a grandes grupos de inversores, incluso constructoras y multinacionales cuyas cinco grandes de este sector acaparan el 60% del total de este tipo de residencias.

La facturación anual del sector es de 4.500 millones de euros, como fuentes de producción de fáciles beneficiós, superior al 5% anual, sin dotarlas de la asistencia sanitaria debida y tener al personal de cuidados y de limpiezas en la más absoluta precariedad laboral. Las de titularidad pública apenas representan el 10% del total de plazas, mientras el concertado es del otro 30%.

Pero Pablo Casado tan patriótico y mucho español sigue machacando con la irresponsabilidad en la materia por parte de las comunidades autónomas y, sus órganos de prensa, como correas de transmisión, haciéndole eco, a sabiendas que es mentira.

Lo último, condicionando a que el grupo Popular en el parlamento europeo el apoyo al paquete de ayudas de la UE a España con que Pablo Iglesias reconozca su fracaso en la gestión de las residencias de mayores.

Mil veces repetida la misma mentira puede convertirse en verdad, así dijo y lo practicó, el titular del ministerio de Propaganda del IIIº Reich, Joseph Göbbels, bajo el gobierno de Adolf Hitler.

Año 1943. Adolfo Hitler con su todopoderoso y omnipresente ministro de Propaganda, Joseph Göbbels, autor de la máxima: «Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad». Pues bien, 77 años después, se repite la misma praxis en España por los mismos que están desde la tramoya manejando los hilos de la comunicación y determinando la estrategia de confrontación de las derechas pretendiendo repetir el éxito que tuvieron a base de «fake news» para alzar a Donald Trump a la presidencia de EEUU o para el triunfo del Brexit en Gran Bretaña. Los mismos que andan ahora en España desacreditando la lucha de las mujeres por sus derechos, aprovechando que el Manzanares pasa por Madrid, para derribar al Gobierno de coalición, manipulando de forma miserable la gestión y el esfuerzo que viene realizando para erradicar la inédita pandemia mundial que continúa asolando, ya, afortunadamente, con mucha menor afección.

3.- La judicialización de la pandemia

Y en este ambiente de confusión fueron transcurriendo desde el primer día a la fecha actual, sin tregua alguna, con profusión de bulos por las redes, amplificada por la prensa del renovado “Sindicato del Crimen”, las tremendas acusaciones y descalificaciones de los líderes de la oposición de derecha al Gobierno, al objeto de que fuera oído por una sociedad confinada, aterrorizada y paralizada por la lógica obsesión hipocondriaca de impotencia ante el avance exponencial de la inédita y desconocida enfermedad que se iba llevando por día importante número de vidas de seres queridos por el camino, con el objetivo miserable y macabro de sacar tajada electoral en tan delicado momento cuando de lo que se trataba era salvar de la muerte o de la afección a las personas.

Un Gobierno de la nación que se hallaba recién constituido, que, andaba igual de desbordado que los demás mandatarios del mundo, que los demás presidentes de las comunidades autonómicas de España en cuyas manos seguía estando la competencia de la gestión de la Sanidad porque en ningún momento les fue arrebatada para su recentralización, que improvisaba y se rectificaba a sí mismo, como sucedía en los demás países del hemisferio occidental u oriental, porque tomaba medidas ante algo inédito donde no existían manuales ni protocolos definidos para hacerle frente de cara a encontrar la fórmula más eficaz de salida para frenar primero la propagación del virus y más tarde erradicarlo.

Panorama que ofrecía en los meses de marzo y abril la Europa asolada por la pandemia en el punto álgido de la afección. Ningún país estaba preparado para hacerle frente y la picaresca que se vivió esos días ante la falta de materiales generó la aparición de toda una plaga de timadores, no exclusivo de España y también de sus comunidades autónomas, como Madrid, donde radican la competencia en materia de Sanidad que no fue retomada por el Estado.

Pandemia que presentaba extrema incidencia en el último tercio del mes de marzo, cuando la curva por los casos de coronavirus más subía, surge efecto la denuncia genérica de un particular, abogado inhabilitado por su colegio profesional y condenado por la justicia, dirigido al juzgado de la magistrada, doña Carmen Rodríguez-Medel, no al Tribunal Supremo, contra el presidente del Gobierno y sus delegados en los distintos territorios de la nación, achacándoles la propagación del virus, por haber autorizado las manifestaciones del 8-M, reivindicativas de los derechos de la mujer trabajadora, no por los partidos de fútbol u otras concentraciones de masas celebradas esa misma jornada, en base a unas instrucciones inventadas procedentes de la autoridad sanitaria internacional.

Por tanto, es precisamente el 23 de marzo cuando la señora magistrada emite un primer auto de incoación de diligencias previas para investigar al delegado del Gobierno en Madrid, señor José Manuel Franco Pardo, por un presunto delito de daños que dos meses después cambió por el de prevaricación administrativa para esclarecer si obvió las recomendaciones sanitarias que alertaba del riesgo de contagio pandémico, hecho que sucedió el 11 de marzo, tres días después del 8-M por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

25 de noviembre del 2010. La juez Carmen Rodríguez-Medel recibiendo de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), y de la concejala de Igualdad, Mariana Álvarez (PP), un homenaje en el Ayuntamiento de la ciudad costasoleña con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Eran otros tiempos lejos del mundanal ruido que pulula con tanta contaminación política y mediática en la capital del Reino de España, tan diferente a las demás capitales europeas, y donde la juez que ahora archiva las diligencias que abrió contra la manifestación del 8-M tan flaco servicio le ha hecho a la causa de la mujer a cuya condición pertenece en lucha cntra la igualdad, con la resurrección por el contrario del machismo celtibérico más exacerbado

Pues bien, no solo es admitida a trámite por la señora juez la denuncia del singular particular sino que inició con celeridad diligencias con notificaciones múltiples, incluso sin personalizar, tal vez conculcando el decreto del estado de alarma y las disposiciones emanadas por el CGPJ para el funcionamiento de la justicia en tiempo de emergencia sanitaria, y que provocó yendo contra el Gobierno que estaba haciéndole frente, no solo la judicialización de la pandemia, tan ansiada por la derecha como complemento a su estrategia de desgaste y hasta para su derrocamiento, sino también, como efecto llamada, perversas consecuencias.

Y es que a partir de entonces se colapsan los juzgados con querellas que se presentan ante las expectativas levantadas por la aceptación por un juzgado de lo Penal de una denuncia genérica sin rigor alguno, además procedente, como acusación, de un timador condenado por la justicia, y encima con una difusión desmedida, en prensa y televisión, por la complicidad de la rama mediática de una conspiración de más altos vuelos cuya parte visible del iceberg se afanaba por comenzar a emerger.

4.- Reacciones en el mundo de la abogacía

De esta forma, surge como hongos, la creación de Asociaciones de familiares afectados por el Coronavirus, cercanos al PP y a Vox, producto de haber roto algunos abogados el código deontológico de la profesión, pensando más que con la pandemia no todo iba a ser ruina económica sino también oportunidad para hacer un gran negocio de minutas y provisiones de fondos, al entender que se habían abierto las puertas judiciales para darle lecha al mono, en este caso al Gobierno de turno, con posible caída del cielo de un maná de indemnizaciones dinerarias.

De esta forma fueron presentándose y anunciándose entidades que se proclaman altruistas y de ayuda a damnificados por la pandemia, creadas al efecto sin escrúpulos desde los despachos de profesionales del Derecho para captar familiares de fallecidos y enfermos como forma de acaparar querellas a presentar ante los tribunales de justicia al objeto de lograr compensaciones económicas para sus clientes, sin importarles que provocasen más ansiedad entre las personas tremendamente doloridas por los recientes fallecimientos de sus seres queridos o salidos de las UCI con enormes secuelas de consecuencias imprevisibles en cuanto a su curación, otra novedad que se encuentra la comunidad científica con este virus, bien por la respuesta desmedida que se produce en el sistema inmunológico del enfermo para frenar el avance del Covid-19 en su organismo, o por otras de índole psíquicas.

El caso es que inmediatamente empezaron a aparecer, como si de la farándula o programa rosa se tratara, algunos personajes sin reparos ni principios éticos recorriendo los platós de las televisiones, presentándose como solidarias víctimas de la pandemia y de la pésima gestión gubernamental, haciendo llamamientos impresionables a familiares de víctimas y enfermos por el Covid-19 para unirse entre afectados y actuar juntos, invitando a asociarse a la entidad cuya marca y página web ofrecen, como algo espontáneamente surgido, sin decirnos que son portavoces soterrados, para lo que han sido contratados como especialistas en comunicación, de unos despachos de abogados para los que trabajan.

Como ejemplo se puede citar a la periodista, hasta hace poco asesora de comunicación de la alcaldesa del PP en Pozuelo (Madrid), a la que se le puede visitar su página web donde tampoco tiene peros para que figure, de cara a pescar más fácilmente con anzuelo y cebo abundantes clientes en este tiempo de marea revuelta, una foto de claques como afiliados con masmarillas junto a un camión de la UME para dar confianza semioficial de cara a la captación de adeptos.

Una de esas Asociaciones en este caso cercana al PP de afectados por el Covid-19 con oropel “altruista” y ofeciéndose “solidariamente” con el objetivo final que realmente persigue y que no explicita en su presentación como es la de captar clientes para un despacho de abogado de cara a pleitear contra las administraciones para sacar indemnizaciones y donde no tiene empacho de situar en la portada de su página web un camión de la Unidad Militar de Emergencia (UME). 

También entre esas denuncias que inundan ya los juzgados, figura una que atravesando los Pirineos fue enviada al Tribunal Internacional de la Haya, y bastó su simple registro formal de entrada para que el líder mediático de las cloacas de Interior y de la Guardia Civil, el director de, “OKDiario”, Eduardo Inda, titulase que era admitida a trámite por la alta instancia de Naciones Unidas contra el presidente del Gobierno de España al que se le acusaba por el “genocidio” de 50.000 españoles, como si de crimen lesa humanidad se tratara. Todo vale em esta guerra sucia.

No, el Tribunal de La Haya no ha admitido a trámite una denuncia ...

                                                                     Desmentido totalmente de que esta noticia publicada por OKDiario que dirige Eduardo Inda sea cierta

Aunque al salir inmediatamente escaldado por los verificadores de la autenticidad de la noticia y comprobar y denunciar que se trataba de un bulo o fake news quedó una vez más retratado, procediendo “OKDiario” a cambiar el titular horas después para dar tiempo a que recorriera la Redes y los wassaps.

Está claro que a este medio, como a otros de los existentes en nuestro país (ABC, La Razón, El Mundo, El Confidencial, El Español, Periódico Digital…), como inclusive tertulias televisivos, ahí está el programa matinal de Rosa María Quintana en Antena 3, el de la radio madrugadora y obispal de la COPE dirigido por Carlos Herrera  o el de Federico Jiménez Losantos cuyas llamadas al golpismo para un nuevo 23-F han sido bien elocuentes, formando parte de una misma conspiración, a los que nada les interesa el rigor de la información sino la agitación por medio de la intoxicación para el derrocamiento del Gobierno de coalición porque lo consideran que no es el suyo.

Los mismos que callaron cuando la Ley Mordaza y ahora denuncian que con el estado de alarma se acabó la libertad de expresión y la existencia de los medios que contradigan al Gobierno de Sánchez, como si su presencia diaria y sus soflamas no desmintieran lo que intentan colar.

Los mismos que provocaron que salieran a las calles sus oyentes con cacerolas recién compradas y hasta paradójicamente con insignias nazis o preconstituciones, gritando ¡libertad!, contraviniendo las instrucciones de las autoridades sanitarias en el momento que se iniciaba la desescalada del confinamiento para chafarla.

De los mismos partidos, PP y Voz, que llevan al Parlamento europeo a España por vulnerarse en el estado de alarma los derechos fundamentales y así se nos equipare con Polonia y Hungría donde gobiernan precisamente los homónimos de la derecha española… Así son de contradictorios y de patriotas.

Ana Rosa Quintana en su programa matinal en el canal de televisión, Antena 3, otra personaje incendiaria de los bulos o fake news. 

Miente, que algo queda ya que se lo creerán al menos sus adeptos y no pocos ingenuos que serán también encargados de su difusión.

5.- La continuidad de las diligencias de la juez

Y en esa dinámica infernal que ofrecía la actitud de la derecha montuna, con su agipro mediático tóxico desenfrenado, y con el panorama de un sector de la abogacía colapsando los juzgados ante el precedente de la judicialización de la pandemia tan fácilmente conseguida, prosiguió con celeridad las diligencias de la señora juez, Rodríguez-Medel, que no creo que sentara demasiado bien en las esferas del Consejo General del Poder Judicial, en sus dos ramas, conservadora y progresista, más cuando contravenía las propias normas dictadas para el funcionamiento de los tribunales de justicia en los tiempos más crudos de la pandemia.

Más madera contra la manifestación del 8-M por el diario ABC, prensa caracterizada por tener como reserva y vigilia espiritual de Occidente a célebres columneros despiadadamente machistas, lógico por el anacronismo inmovilista de origen que conserva a la fecha actual, que no desperdicia la ocasión para arremeter de nuevo contra la celebración del acto de las mujeres, aprovechando que la juez no acepta la argumentación del recurso interpuesto por la Fiscalía para el archivo de las diligencias que lleva, pero que no tendrá inconveniente de copiarlo en parte días después para liquidar el asunto, no porque lo pida ese órgano judicial  que tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la justicia “en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley”, sino por el libre albedrío de la señora magistrada, Rodríguez-Medel.

No obstante, aproximándonos a fechas más recientes, a la vista que la conspiración política se desinflaba -la mediática no, sigue a diario en el desgaste al Gobierno- a la misma velocidad que bajaba la curva de la pandemia de nuevos infestados y fallecidos, y a pesar de que los recursos interpuestos por la Abogacía del Estado y de la Fiscalía eran coincidentes en que no había caso 8-M para la imputación del delegado del gobierno en Madrid, la juez siguió a lo suyo, continuando sus diligencias y al mismo nivel de prisa y de impronta.

Pero ya era mero escaparate ir a por todo y a por todas, siendo su penúltimo acto, aceptar la personación en el procedimiento de Vox, el sindicato extorsionador, “Manos Limpias”, cuya directiva anda sentada en el banquillo judicial con peticiones de hasta 25 años de cárcel, o esa Asociación que se llama de Oficiales de Guardias Civiles que va contra el 8-M y no contra sus compañeros del Cuerpo integrantes de la brigada “patriótica” judicial y contra el señor Pérez Cobos por ser, respectivamente, la autoría de ese informe chapuza y de un cúmulo de deslealtades como servidor público, que tanto está perjudicando la imagen del Cuerpo.

El diario “El Mundo” de la misma cadena del “Sindicato del Crimen” que sitúa en primera página y a grandes titulares el segundo informe a la juez elaborado por el médico forense de los “Legionarios de Cristo” del pedófilo obispo de México, Marciel Maciel, en paz descanse, filtrado de las diligencias secretas que lleva a cabo la señora juez del “caso 8-M”, y que es de tal rigor, que ni siquiera se lo llega a creer, procediendo horas después al archivó de las diligencias que abrió. Pero ahí queda para desvergüenza de su tóxica redacción, otra edición de: “El 11-M es ETA”.

Ya eran, meros disimulos de la juez aunque sirvieran para que siguiera siendo jaleadas por la coral mediática. Simples pasos que tenían limitado su recorrido para no dar el brazo a torcer dando a entender que solo ella tenía que ser la autora del archivo de la denuncia y de las diligencias incoadas hasta la fecha y no cerrar el caso a instancia de la Abogacía del Estado o de la Fiscalía.

José Manuel Franco Pardo, víctima propiciatoria para linchamiento de la derecha política y mediática aprovechando la campaña “El 8-M es el Covid-19”. Tras su declaración el pasado 10 de junio ante la juez, señora Rodríguez-Medel, preguntado por su parecer sobre el informe de la brigada judicial de la Guardia Civil no tuvo inconveniente en manifestar que se le había caído los palos del sombrajo, al comprobar que no daba una, poniendo en muy mal lugar el papel de la institución centenaria que siempre había gozado de prestigio en esta faceta investigadora como policía judicial, presidida por la seriedad y la solvencia, carentes por tanto de improvisada chapuza como el de ahora elaborado a base de recortes de noticias sesgadas de prensa, fallido de especulaciones sinsentido, errores de bulto y datos inciertos extraídos de bulos. 

Y entre estas últimas pifias recibidas por la juez, nuevamente en falso, figuran esos segundos informes procedentes nuevamente de la impresentable brigada “patriótica” de la guardia civil, reiterando errores y falsas pruebas, o del médico forense, ignorante epidemiólogo aunque entusiasta “Legionario de Cristo”, desbarrando a sus anchas.

Era lógico por tanto que antes que la Audiencia Provincial le archivara el caso, donde habían recurrido la Abogacía del Estado y la Fiscalía, o se viera envuelta en una denuncia por prevaricación, siendo consciente que ya no le respaldaban las asociaciones de jueces ante el cúmulo de barbaridades en la motivación y desarrollo de las diligencias, diera el carpetazo aprovechando la declaración del delegado del Gobierno, José Manuel Franco Pardo,

Y aunque ese archivo lo haya calificado de provisional no hay que entenderlo que se lo guarde para abrirlo en otro momento, sino en claro signo de justificar las diligencias que practicó y para darle un cuartelillo a las acusaciones a que lo recurran, pero ya no tiene vuelta de hoja.

6.- El papel de la unidad judicial de la guardia civil y del médico forense

¿Cómo ha sido posible que unos agentes de la guardia civil a los que se suponen experimentados en informes a los juzgados hayan redactado semejante bodrio dejando tan mal a la centenaria institución?

Pues muy fácil. Normalmente los juzgados que no tienen adscritos unidades fijas de policía judicial para su auxilio, se dirigen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al objeto que le designen una unidad especializada para la investigación que se le encomiende.

A partir de entonces, sus miembros pasan a depender funcionalmente del juzgado y orgánicamente continúan supeditados al ministerio del Interior. Normalmente estos juzgados, como la que cuenta como titular a la señora Rodríguez-Medel en la madrileña plaza de Castilla, acuden para su solicitud al Cuerpo de la Policía Nacional.

Hay que tener en cuenta que la Policía Nacional tiene su ámbito de actuación en todas las ciudades con más de 25.000 habitantes, dejando las zonas rurales para la Guardia Civil, sin perjuicio de las unidades centrales de este Cuerpo que se sitúan también en capitales de provincia. Pero como vamos a comprobar en este caso, no acude a esos órganos de especialización en materia de policía judicial.

En este caso, la juez prefirió, encomendarse a la Guardia Civil, tal vez, no quiero sacarle más punta, por proceder de una extensa saga familiar de miembros de este Cuerpo. No es irregular, aunque tampoco sea lo corriente.

Sin embargo, dirige la petición al coronel jefe de la Comandancia de Madrid, señor Diego Pérez de los Cobos, no al órgano establecido al efecto en la jerarquía de mando y en la especialización judicial de la Guardia Civil, es decir al señor, Manuel Llamas Fernández, general jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, del que dependen las UCO.

Y a continuación el señor Pérez Cobos no lo remite a su superior jerárquico en la materia, el citado general, señor Llamas Fernández, sino que, al no existir legalmente una separación entre las fuerzas encargadas del mantenimiento de la seguridad, de las de policía judicial, forma esa unidad con personas de su confianza, un oficial y un suboficial, y no informa a sus superiores ni de su constitución ni de cada uno de sus pasos, tal y como exigía la instrucción de finales de marzo del 2012 cursada por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, aunque no pudiera desvelar el contenido literal de los informes objeto de la investigación que les ordenara la señora juez,

De esta forma desleal empezó a realizar tan chapucero trabajo.

Circular de fecha de 28.03.2012, cuando gobernaba Mariano Rajoy, dirigida a las unidades judiciales de la policía manifestando la obligación de informar a los superiores de la investigación a realizar, concepto de la misión, fecha previsible de intervención, número previsible de detenciones, registros que se iban a realizar y sobre posibles implicaciones de cargos públicos y de registros de sedes oficiales. Esta Circular continúa en vigor y no ha sido hasta la fecha derogada. Resulta por tanto de un cinismo extremo que el dirigente del PP, Pablo Casado, hable de que con el cese del señor Pérez Cobos se haya puesto fin a la separación de poderes por parte del ministro, señor Marlaska, cuando la circular procedía del Gobierno del PP. Fuente: Diario digital Infolibre

Además, siguiendo por mandato de la señora juez dio una celeridad a la investigación no acorde con lo estipulado en el estado de alarma ni en la instrucción del Consejo General del Poder Judicial para el periodo de confinamiento, sin que el señor Pérez Cobos tampoco diera información a sus superiores ni por tanto rellenara el parte semanal y lo remitiese a la Superioridad, tal como exige la instrucción expuesta.

A la par, el señor Pérez Cobos era presunto responsable, tras la entrega a la juez por sus subordinados del primer informe, de la filtración a la prensa, preciso momento que, tanto el ministro del Interior como la directora general de la Guardia Civil, se enteran realmente del affaire, tras haberlo negado previamente a un requerimiento verbal del mando para que le informase sobre posible investigación que llevara a cabo contra el doctor Fernando Simón y el delegado del Gobierno en Madrid, el señor Franco Pardo.

A la par, el señor Pérez Cobos acumulaba otra mancha marrón en su hoja de servicio por haber filtrado noticias, también a la prensa de las cloacas que fueron publicadas, relacionadas con incidencias acontecidas en las inmediaciones de la residencia familiar del vicepresidente y de la ministra de Igualdad del Gobierno, señor Iglesias y señora Montero, a cuyo encomienda de vigilancia tenía asignada, coincidentes en fecha con que los Cayetanos se manifestaban en las puertas del inmueble; hecho que había sentado muy mal en las esferas del ministerio del Interior.

7.- El cese del coronel Pérez Cobos.

De ahí vendría ese cese más que justificado del señor Pérez Cobos, que en ningún momento fue policía judicial, sí los subordinados que designó a tal fin, por pérdida deliberada de confianza de sus superiores, siendo destituido del puesto de libre designación que venía ocupando desde marzo del 2018 por nombramiento del anterior equipo gubernamental de Mariano Rajoy.

Motivos por tanto más que suficientes para esa pérdida de confianza por parte del ministro de Interior y de la directora general de la Guardia Civil que ipso facto conllevó el cese por el procedimiento legal que al efecto está establecido en la ley de función pública.

El ministro del Interior en reciente comparecencia para informar sobre la marcha de la pandemia en asuntos de su competencia. A la derecha, el señor Pérez Cobos en su toma de posesión el 19 de marzo de 2018, como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy. En su historial, en 1992 Pérez Cobos fue procesado junto a otros cinco guardias civiles por presuntamente haber participado en la tortura de Kepa Urra, detenido por vínculos con un comando de ETA en Vizcaya. Aunque fue absuelto por no encontrarse pruebas suficientes que lo relacionaran con los hechos, mientras los demás guardias civiles bajo su mando en esa operación pasaron a la cárcel, en la investigación abierta por Amnistía Internacional y el relator de Naciones Unidas quedó incluido en una lista pública internacional de torturadores. En julio de 2006, empezó a trabajar como asesor en el gabinete de Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Ministerio del Interior, y el 1 de agosto de 2011 fue nombrado director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad por el también socialista, Justo Zambrana Pineda, durante el ejecutivo aún de Zapatero. Por tanto nada que añadir de que le estuviera en el punto de mira el PSOE. Luego llegaría Rajoy y su ministro del Interior, el opusino señor don Jorge Fenández Díaz limpió toda la Guardia Civil y la Policía Nacional de mandos correspondiente a la etapa de Zapatero, cesándolos a todos, excepto al opusino señor Pérez Cobos. También siguió con el siguiente ministro de Interior del PP, don Juan Ignacio Zoido, que en septiembre de 2017 lo nombró coordinador del dispositivo de seguridad para impedir el referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña que estaba convocado para el inmediato 1 de octubre, con el fiasco de todos conocidos. El señor, Pérez de los Cobos, declaró como testigo en la fase de instrucción de la causa en el Tribunal Supremo contra algunos políticos de la Generalidad de Cataluña por los sucesos acaecidos. Luego contra el responsable de los Mossos, el señor Trapero. Su padre, pediatra de profesión, en 1977 se presentó a las elecciones generales en la candidatura de la provincia de Murcia por el partido de extrema derecha, Fuerza Nueva, que lideraba a nivel nacional, Blas Piñar. Cuando el golpe de Tejero el propio Pérez Cobos siendo muy joven se ofreció en el cuartel de la localidad de Yecla para apoyar a los sediciosos. Su hermano, Francisco, militante del PP, fue nombrado por la cuota de dicho partido al Tribunal Constitucional y siendo presidente del alto organismo se emitió la controvertida resolución que mutilaba la reforma del Estatut y que ya había sido aprobado en referéndum por el cuerpo electoral catalán, desencadenando la ola independentista que llega a nuestros días.

8.- Los posibles errores en el cese del señor Pérez Cobos.

23 de marzo 2019. El ministro del Interior, señor Marlaska con su subordinada, directora general de la Guardia Civil, la señora Gámez, en cuyas dianas nadie desearía estar en este momento, en los actos del Cuerpo por el 175 aniversario de su fundación por el duque de Ahumada, 1844-2019, institución militar al servicio del interés general objeto de deseo esos días de conspiración en la pretensión por las derechas, Vox y PP, al igual que la bandera y otros símbolos del Estado, de indecente apropiación particular 

Queda claro que el señor Marlaska optó en sus comparecencias públicas por basar los motivos del cese del señor Pérez Cobos en una mera reestructuración de los mandos del ministerio del Interior, al que siempre tiene pleno derecho cuando lo considere oportuno.

No en la pérdida de confianza, tal vez pensando en no entrar en tener que explicar las decisiones unilaterales tomadas por el coronel de la Guardia Civil en relación con las diligencias judiciales que se seguían en el juzgado número 51 de Madrid, por considerar tan delicado el asunto como para no introducirlo en el bronco debate político que le esperaba.

Y lógicamente albergaría sospechas más que sobradas para pensar que nadie se lo iba a creer.

24 de mayo 2020. Oficio de la directora general de la Guardia Civil, señora Gámez, elevando la propuesta del cese del señor Pérez Cobos, al órgano del ministerio del Interior, la secretaría de Estado de Seguridad, que en marzo del 2018 fue el que lo nombró en puesto de libre designación, jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid.

Asimismo, pocos días después se filtraba a la prensa la propuesta de la directora general de la Guardia Civil dirigido a su secretario de estado de Seguridad sobre el motivo del cese, lo que agrandó la polémica y las bazas de una oposición política y mediática enfurecida dispuesta a todo.

Por tanto, hubiera bastado por parte del ministro, tanto en el Congreso de Diputados como en sus declaraciones a la prensa, la simple explicación, como motivo del cese del señor Cobos, de la pérdida de confianza por reiteradas conductas discrecionales tomadas por ese mando de la Guardia Civil, que, enmarcado en el puesto de libre designación de la administración que ocupaba para cuya cobertura no necesitó ninguna justificación de méritos, al igual que para su cese no tenía que ser motivado sus deméritos aunque si explicitada la causa, según reciente sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2019. Antes, ni eso.

Y por parte de la señora directora de la Guardia Civil, el posible patinazo consistió en explicitar la causa y asociarlo al sumario judicial, con la que estaba cayendo, reavivando la polémica. en vez de haberlo expresado en la línea anteriormente señalada sobre el otro discurso que pudiera haber hecho el ministro: por pérdida de confianza determinada por conductas contrapuestas al mando (y aquí entraría implícitamente como motivación, tanto el incumplimiento de la instrucción de marzo del 2012 como las costantes filtraciones a la prensa desde su Comandancia)

Y para rematar los infortunios, la irrupción innecesaria y a destiempo de la ministra de Defensa, la señora Margarita Robles, que de leyes tiene que saber bastante por su amplia trayectoria en materia judicial, no sé si tanto en el funcionamiento de las administraciones públicas cuando ha aludido a que toda resolución administrativa está sujeta a recurso, como si pudiera ser fácilmente revisable un cese de un puesto de libre designación de estas características, o hubiera que motivarlo en sus extremos más concretos y poner a disposición del afectado un pie de recurso para solicitar su nulidad o revisión.

Solo se contemplaría la excepcionalidad en este caso como resultado de haberse producido el cese de forma ilegal, como hubiera representado que la destitución hubiera sido realizada por un órgano distinto al que lo nombró, que de no producirse la inmediata corrección material del error, tendría que ser objeto en todo caso si el afectado lo desease no de un recurso ante la propia administración sino ante la sala judicial de lo contencioso-administrativo.

3.- LA RESACA DEL “CASO 8-M”

Tras el fiasco de la judicialización de la pandemia contra el Gobierno de coalición de Sánchez, acaba por ahora en fracaso para la derecha una de las bazas fundamentales que ha empleado en su pretendida desestabilización del Gobierno para su precipitado asalto a la Moncloa por la repetición de urnas o por las bravas.

Pero la conspiración que tiene otras muchas aristas y los autores  indemnes, sigue estando aún presente, esperando otro momento oportuno para reaparecer, no tanto Pablo Casado al que le esperan malos tiempos en el PP.

El último patinazo en sus disparatados discursos contra el Gobierno, negándose a apoyar la última prórroga del estado de alarma donde ya serán las comunidades autónomas las que en gran parte de España podrán gestionarla, en el caso del PP, Galicia, Andalucía y Murcia, ha significado un nuevo esperpento del líder desmasterizado que se proclama pertenecer a un partido con sentido de Estado.

Encima, como si no hubiera aprendido cuando hace mes y medio hizo el ridículo en el Pleno del Congreso sacando sin leérselo una copia de impresora de un informe de un contable australiano presentándolo como un estudio científico-sanitario, ha vuelto, erre que erre, a manifestar ahora, con otro papel que mostraba en el hemiciclo, continuando la cansina estrofa contra el 8-M, que en Alemania fueron suspendidas por el Gobierno de la señora Merkel todas las manifestaciones ese día, encomendándose nuevamente al diablo. Y la respuesta de los verificadores no se hizo esperar para volverle a sacar los colores.

3 de junio de 2020. Nuevamente se vio retratado Pablo Casado en su falta de rigor y exceso de demagogia cuando en el Pleno del Congreso celebrado el día 3 de junio sobre la última prórroga del estado de alarma, volvió a cargar las tintas contra la manifestación del 8-M en Madrid poniendo el ejemplo de su prohibición en aquellas fechas en Alemania. Nuevo patinazo y nuevo bochorno. 

Imágenes de las manifestaciones del 8-M que sin restricción alguna por parte del Gobierno de la señora Merkel tuvo lugar en distintas ciudades alemanes, entre otras como aquí se observan: Berlín, Hamburgo, Múnich, donde vemos en la tercera imagen un grupo de mexicanas que se sumaron con pancartas en castellano. 

Es de suponer que ante tanto desatino, las navajas contra Pablo Casado y sus cotorras más significativas en el empleo del discurso tan crispado como estéril, como lo representan sus portavoces, en el Congreso de Diputados, la señora Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, XIIº marquesa de Casa Fuerte; en el Senado, el señor Javier Maroto, ex residente vasco, recién empadronado en aldea segoviana; y en el partido, Teodoro García Egea, el sieso oriundo de Cieza; ya estarán abiertas, poniendo a la luz que alguna cabeza pensante sigue existiendo en el Partido Popular.

Por ello, atento al resultado que Alberto Núñez Feijóo obtenga el próximo día 12 de julio en Galicia, antes que la formación que fundara y refundara el también gallego, don Manuel Fraga, de la mano de Aznar pareciera ser absorbida o fusionada en VOX.

Pero eso correspondería ya otro capítulo sobre el interminable camino hacia el centro político europeo de esta desmadrada como montaraz derecha que en este periodo histórico de forma vírica nos asola.

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Ignacio Trillo



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