Opinión

Publicado el abril 3rd, 2021 | Por Juan Torres Lopez

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Ni apesta tanto, ni solo donde apunta Garicano

El logo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en su sede en Madrid. FOTO: SEPI

El logo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en su sede en Madrid.

FOTO: SEPI

El eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano ha escrito en su cuenta de Twitter que los rescates del SEPI tienen “cada día peor pinta porque se hacen sin criterios claros de por qué se apoya a unas empresas y no a otras, ni cuál es el procedimiento, ni las condiciones de los rescates.” Por eso, dice Garicano, “huele que apesta”.

Estoy de acuerdo con Luis Garicano cuando señala su preocupación sobre la forma de utilizar el dinero público y, en concreto, sobre la necesidad de establecer criterios rigurosos y transparentes cuando se rescata a empresas. Y eso me parece mucho más importante cuando se trata de impulsar una recuperación económica que solo se va a producir con éxito si nuestra economía se desprende de los malos usos e incentivos que nos han ido lastrando durante decenios.

Lleva razón cuando dice que sin “un plan sólido, neutral, sin amiguetes y sin dedazos y sospechas” vamos a desaprovechar la oportunidad que suponen los cuantiosos fondos europeos que vamos a recibir. Yo también lo he escrito así en varios artículos recientes, en los que he mostrado mi preocupación ante la normativa y las actuaciones que estaban llevando a cabo el gobierno central y los autonómicos para proceder a su reparto.

Sin embargo, no estoy tan seguro de que los tres rescates que menciona Garicano, los de las aerolíneas Air Europa (475 millones de euros) y Plus Ultra (53 millones) y de la empresa asturiana Duro Felguera (123 millones), sean lo que más apesta en la economía y la política de nuestro país.

Es cierto que, en el caso de las aerolíneas, hay razones para la sospecha. Por un lado, las mismas que surgen en todos los países en donde los gobiernos se han gastado muchos miles de millones para rescatarlas sin ninguna certeza sobre su futuro. Por otro, las que plantea que se trate de compañías con una trayectoria de gestión poco ejemplar y, en el caso de Plus Ultra, vinculadas a empresarios bien conocidos por su habilidad para lograr prebendas y favores no siempre limpios del poder político. En el caso de Duro Felguera, si bien es cierto que incumple alguna de las condiciones del propio SEPI, me parece que no se puede poner en cuestión su carácter estratégico para el Principado.

Está bien que Garicano denuncie lo que pueda haber de sucio en estos rescates en concreto y que reclame control y transparencia pero lo deseable, me parece a mí, es que se contribuya a establecer en España una cultura y una práctica efectiva de control y rendición de cuentas que nos obligue a todos. Y para eso es imprescindible contar con normas e instituciones libres e independientes que fiscalicen lo que se hace con el dinero público y, por supuesto, respetarlas.

En España, por ejemplo, se discute mucho a la hora de aprobar los presupuestos, desde los generales del Estado hasta los del ayuntamiento más pequeños, pasando por los de cualquier otro organismo público, como las universidades. Sin embargo, se pasa muy por encima de lo que ocurre con su ejecución.

Los tribunales o cámaras de cuentas del Estado y las comunidades autónomas deben cumplir esa función pero no solo carecen de todos los medios necesarios para hacerlo con más fluidez y eficacia sino que están contaminados al ser elegidos sus miembros, como los de otros órganos de supervisión y control, en función de su cercanía y lealtad a los partidos políticos.

Lo que ha ocurrido estos días con la Cámara de Cuentas de Andalucía es bien expresivo de ello. El nuevo gobierno del que forma parte el partido de Garicano nombra, primero, a un secretario general afín y luego da orden a los consejeros de su proximidad para que boicoteen el funcionamiento de la Cámara, dejando de asistir a las convocatorias de la presidencia, hasta que esta se ve obligada a renunciar por lealtad institucional. Un comportamiento, por cierto, que no le parece de ningún modo irregular al secretario general recién nombrado.

No se puede estar pidiendo control a los demás mientras, al mismo tiempo, se boicotea el funcionamiento de las instituciones que deben llevarlo a cabo hasta que se consigue una mayoría fiel que no ponga en cuestión lo que se esté haciendo en el gobierno de turno.

Cuando se trata de poner en marcha una cantidad de fondos tan grande como la que suponen los programas de recuperación económica tras la pandemia, este tipo de comportamientos y situaciones no son simples anécdotas. No tienen credibilidad ninguna ni las denuncias desde la oposición cuando se dice lo contrario de lo que se hace allí donde se gobierna, ni las proclamas de progreso de los gobiernos que toman decisiones sin luz ni taquígrafos.

Que haya oportunistas, buscadores de rentas, sinvergüenzas, poseedores de información privilegiada, ex políticos vendidos de mala manera a intereses comerciales cuando dejan sus cargos… es algo inevitable en cualquier país. Pero las consecuencias nefastas que produce su actuación se pueden evitar perfectamente si hay voluntad política de evitarlo.

En el trance de tener que distribuir los fondos de recuperación en el que estamos, el gobierno de Pedro Sánchez no ha comenzado totalmente con buen pie pero tampoco los del Partido Popular y Ciudadanos en las comunidades autónomas.

Cualquiera que tenga buena información sobre el mundo de las auditoras, de los grandes despachos de abogados y las grandes empresas o sobre las oficinas del poder político sabe perfectamente lo que está pasando en los últimos meses, con quiénes se están celebrando las reuniones y qué se les dice. No hay transparencia y el gobierno central y los autonómicos, por voluntad propia para tener plena discrecionalidad o por error, no se han parapetado lo suficiente como para evitar que los poderes fácticos le ganen el pulso a la hora de repartir los fondos.

Está claro que las empresas deben ser las principales beneficiarias de ese dinero, junto a los demás organismos que pueden generar innovación, incentivos, riqueza, actividad económica y empleo. Pero no de cualquier manera y exclusivamente en función de su cercanía al poder político, como siempre suele ocurrir. La enorme influencia que la actividad de las empresas españolas tiene para el conjunto de la economía es un buen argumento para reclamar privilegios en el reparto, pero también hace pensar que debe ser igual de decisiva a la hora de explicar muchos de los males que padece nuestra economía.

Gastar bien es tanto o más difícil que disponer de recursos y estamos a las puertas de volver una oportunidad histórica.

Las grandes empresas del sector energético, por ejemplo, están preparando proyectos que van a costar miles de millones de euros para “acelerar la industria del hidrógeno”, a pesar de que esta fuente de energía es inmadura, poco eficiente e incierta. Es decir, preparan en realidad otra burbuja más que nos costará una de nuevo una millonada, no solo por el dinero que se le dedique sino por el que dejará de ganarse en otros usos. Por ejemplo, en planes de ahorro energético que serían mucho más necesarios y eficaces.

Y algunos gobiernos autonómicos, como el andaluz en el que ya he dicho que está el partido de Garicano, están eliminando requisitos de evaluación ambiental previa con la excusa de agilizar los trámites para el uso de los recursos. Van a dar lugar así a que el dinero de la recuperación se use finalmente en proyectos que claramente van en contra de la estrategia de transición verde y sostenible que pregona la Unión Europea.

No debería haber bastado con ponerse en manos de las grandes empresas. Ha faltado dar mayor presencia y protagonismo a otros intereses empresariales, a las pymes o al sector cooperativo y de economía social. No hay toda la transparencia que se debe exigir en el manejo del dinero público. Apenas se han empezado a distribuir fondos y ya se están sembrado muchas dudas e incertidumbres. No solo no se han reforzado los sistemas de control y rendición de cuentas sino que se han aliviado los existentes, lógicamente, para ayudar a quienes tratan, es fácil deducir por qué, de eludirlos. Y, desde luego, no se ha propiciado el debate social sobre los proyectos.

Si de verdad se quiere cambiar nuestro destino hay que permitir que no sean los mismos de siempre quienes determinen hacia dónde vamos, hay que conseguir mucho apoyo y complicidad social implicando a la ciudadanía en el imprescindible reinicio que se nos viene encima, y hay que crear mecanismos que nos permitan mantener firmemente el rumbo y rectificar si en algún momento lo perdemos.

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Acerca del Colaborador

Juan Torres Lopez

Nacido en Granada (España) en 1954, donde estudió el bachillerato. Está casado y es padre de tres hijos, María, Juan y Lina. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Málaga, carrera que estudió siempre como becario. Doctor en CC. Económicas y Empresariales desde 1981, dos años más tarde obtuvo la plaza de profesor Adjunto de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Granada. En octubre de 1984 se incorporó a la de Málaga como catedrático contratado, plaza que ocupó definitivamente como funcionario en diciembre de 1986 en el área de Economía Aplicada. Desde octubre de 2008 es catedrático en la Universidad de Sevilla en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política. Durante toda su vida académica ha combinado la actividad docente e investigadora con la gestión de asuntos universitarios como Director de Departamento, Vicedecano, Decano de la Facultad de Derecho y Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga. Ha ocupado también el cargo de Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía. Entre los libros de los que es autor destacan los manuales Economía Política (siete ediciones) e Introducción a la Economía. Otros de sus libros son Economía de la Comunicación de masas; La empresa industrial granadina; Análisis Económico del Derecho. Panorama doctrinal; Tecnologías de la Información. Impactos y usos sociales; Desigualdad y crisis económica. El reparto de la tarta (dos ediciones); Economía del delito y de las penas (con Alberto Montero); La Economía Andaluza; España va bien y el mundo tampoco; Neoliberalismo. Sociedad, trabajo y poder financiero; Toma el dinero y corre. La globalización neoliberal del dinero y las finanzas. También es autor de un manual de Economía y otro de Economía de la Empresa para bachilleres. Ha coordinado y dirigido libros colectivos como La otra cara de la política económica. España 1984-1994; Pensiones Públicas, ¿y mañana qué? y Venezuela a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana. Sobre la reciente crisis económica ha publicado La crisis financiera. Guía para entenderla y explicarla, con la colaboración de Alberto Garzón, un pequeño texto de divulgación también distribuido gratuitamente por la red en versión pdf, del que se han realizado docenas de miles de descargas y que ha llegado a tener cerca de 500.000 referencias en páginas web de todo el mundo. En 2010 publicó Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera, con Lina Gálvez Muñoz. Más tarde, La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?, con la colaboración de Alberto Garzón. Participó como coautor en el best seller Reacciona y también en ReaccionaDos. Más recientemente ha publicado con Vicenç Navarro y Alberto Garzón Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, con prólogo de Noam Chomsky, y Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del PP. Y, por último, Contra la crisis otra economía, otro modo de vida. Más tarde, con Vicenç Navarro ha escrito Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero y Lo que tienes que saber para que no te roben la pensión. Con Daniel Lacalle y Emilio Ontiveros ha escrito Hablando se entiende la gente. Un debate plural sobre la economía española que es una llamada al entendimiento y la colaboración más plural posible para poder resolver en paz los conflictos y problemas de la economía española. Su último libro, de momento, es El capitalismo en crisis. Del crac de 1929 a la actualidad. Además de estos libros, ha escrito capítulos en otros colectivos, numerosos artículos cientificos o ponencias en reuniones y congresos y cientos de artículos de divulgación económica o análisis político, además de haber impartido docencia en diversas universidades y docenas de seminarios y conferencias en todo tipo de foros. Ha dirigido nueve tesis doctorales y diversos proyectos de investigación. Es también colaborador de numerosas organizaciones no gubernamentales, de asociaciones ciudadanas, partidos políticos y de sindicatos. Es miembro del Consejo Científico de ATTAC España. Mantiene una página web (Ganas de Escribir: www.juantorreslopez.com) y colecciona los grafitis que fotografía en las paredes de las calles y los publica en el blog colecciondegrafitis.blogspot.com. Dirección de correo electrónico: juantorres@us.es Dirección postal: Departamento de Análisis Económico y Economía Política Facultad de CC. Económicas y Empresariales Avda. C/ Ramón y Cajal 1 41018 Sevilla (España)



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